Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Comisión Europea ha instado a España a cambiar la normativa, tanto nacional como autonómica, relativa a los viajes combinados, para que refleje correctamente la directiva europea, que contempla mayores garantías para los usuarios de lo que hace la legislación española actual. En este sentido, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado el cambio en el Decreto 99/1996, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de las actividades de las agencia de viajes, para incorporar las reivindicaciones de FACUA.
La asociación reclama a las comunidades autónomas celeridad en la adaptación de la normativa, después de que la Secretaría de Estado de Turismo les haya hecho llegar ya un borrador de texto armonizado para adecuarla a la legislación europea.
Tras diferentes casos como la quiebra de Orizonia en 2013 además de Marsans y Todolisto.es, FACUA denunció ante la Comisión Europea el incumplimiento en España de la Directiva 90/314/CEE relativa a los viajes y los circuitos combinados, fundamentalmente en relación a la garantía que las agencias deben presentar para responder ante los viajeros en caso de insolvencia o quiebra o cuando el viaje combinado no se corresponde con lo contratado en la agencia.
FACUA denunciaba que, en la práctica, estas fianzas nunca se utilizan para el objetivo previsto, esto es, resarcir a los usuarios afectados, devolver los depósitos efectuados y cubrir los gastos de repatriación para aquellos viajeros que se encuentren en el extranjero en el momento de la quiebra de las agencias de viajes. Además, los reglamentos autonómicos están repletos de indeterminaciones y falta de concreción, y hacen muy dificultosos o imposibles los procesos de resarcimiento a los usuarios afectados. Entre otras cosas, porque condicionan éste a que exista una sentencia o laudo firme para la devolución de las cantidades entregadas.
Hasta ahora, los reglamentos autonómicos (salvo en Cataluña, donde ya se modificó la normativa en 2012) establecen una garantía mínima a las agencias de viajes minoristas de 60.000 euros, con la que harían frente a un caso de insolvencia o quiebra. Tras la denuncia de FACUA, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) modificó el artículo 163 de la Ley General de Defensa de los Consumidores para adecuarla al ordenamiento europeo.
Avales de 100.000 euros en el primer año de ejercicio
Además, ahora la Secretaría de Estado de Turismo recoge, en un borrador que ha hecho llegar a las comunidades autónomas para la adecuación de la normativa a la legislación comunitario, que este aval sea de 100.000 euros en el primer año de ejercicio y un 5% del volumen de negocio derivado de los ingresos por venta de viajes combinados en los años siguientes.
El borrador también indica que esta cobertura deberá adaptarse en caso de que aumenten los riesgos, especialmente si se produce un incremento importante de la venta de viajes combinados. También contempla la posibilidad de que la garantía sea colectiva o por cada viaje combinado.
El nuevo texto también contempla que las cantidades se abonen a los perjudicados de manera directa, sin necesidad de acudir a juicio o a arbitraje.
FACUA recuerda que es fundamental que las comunidades autónomas lleven a cabo inspecciones periódicas para garantizar que las agencias están cumpliendo con la norma en relación a los avales, para que los derechos de los usuarios estén protegidos en todo momento.
Tras la adecuación de la normativa catalana, la única comunidad que ha anunciado un cambio es la Comunidad de Madrid, que adapta íntegramente el borrador propuesto por la Secretaría de Estado de Turismo.
Sin embargo, FACUA lamenta que la iniciativa de Madrid se haya llevado a cabo dando únicamente audiencia a los empresarios del sector, sin considerar a los representantes de los consumidores, a pesar de que el cambio de normativa parte precisamente de una denuncia de la asociación.
FACUA insta al resto de comunidades autónomas que no tienen adaptada la normativa a la legislación europea a que no demoren más su adecuación para garantizar la protección de los consumidores.
La asociación reclama además que se desarrollen los mecanismos necesarios y se clarifiquen los protocolos que se seguirán para garantizar que los consumidores reciben el dinero correspondiente de las reclamaciones o los problemas sufridos en la contratación de viajes combinados.
FACUA también requiere a las comunidades autónomas que los reglamentos contemplen que el garante asuma una responsabilidad ilimitada, que no se limite la cantidad a reembolsar a un importe o porcentajes máximos y que los reembolsos se lleven a cabo con rapidez y sin mucha burocracia.
foto: AKTIBA
