EQUO llevará hasta Europa los trabajos de Gas Natural en el entorno de Doñana, donde la empresa aspira a ampliar el gasoducto ya existente en 24 kilómetros más, así como a habilitar un almacén de gas en el subsuelo del Espacio Natural, con los riesgos que este proyecto conlleva tanto en materia de conservación como para la ciudadanía.
El partido verde, que fue el primero en dar la voz de alarma sobre el inicio de la actividad de las máquinas en Doñana, trasladará esta cuestión a la Comisión Europea a través de su portavoz en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi, que preguntará en la Cámara cómo puede el Gobierno de España autorizar este proyecto –como hizo al concederle las autorizaciones pertinentes en el año 2013- sin que se hayan valorado de manera conjunta las repercusiones ambientales que el mismo tendrá en un espacio que es Patrimonio de la Humanidad y perteneciente a la Red Natura 2000.
“La infraestructura que pretende poner en marcha la filial de Gas Natural en Doñana choca frontalmente con buena parte de la normativa europea, tanto en lo concreto, obviando varias directivas, como en lo que respecta al modelo energético que debemos impulsar desde Europa, alejado del tradicional basado en combustibles fósiles”, ha señalado el portavoz de EQUO en el Parlamento Europeo.
Marcellesi ha recordado que desde las instituciones europeas, y así lo recoge su normativa, se promueve la eficiencia energética como “aspecto esencial de la estrategia europea para un modelo sostenible en el horizonte 2020” y “reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, un objetivo que lleva intrínseca la potenciación de un modelo basado en la reducción del consumo energético a partir de fuentes fósiles y la apuesta por las energías limpias, que difiere totalmente del que Gas Natural quiere poner en marcha, y más teniendo en cuenta el escenario elegido para el mismo: un lugar de especial valor ecológico”.
Ante lo que desde EQUO han calificado de “barbaridad”, Marcellesi cuestionará a la Comisión acerca de la posibilidad de que el Gobierno de España o el andaluz ordenen la paralización de las obras “atendiendo al principio de cautela y prevención que rige la normativa ambiental europea”.
“Es lo que habría que hacer, no dejar que las máquinas sigan excavando hasta que no se determine la validez de las autorizaciones, que se concedieron por partes, y cuando aún no se habían aprobado el actual Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que determinan la incompatibilidad de esta actividad con este espacio”, ha señalado por su parte la coportavoz de EQUO Andalucía, Isabel Brito, que considera que “la paralización cautelar de las obras es la única manera de garantizar que la compañía no esgrima después el trabajo ya realizado –y la inversión ejecutada- para lograr los permisos que aún no tiene”.
“Estamos tratando el asunto en todas las instituciones en las que tenemos representación, y en este caso nuestro representante en el Parlamento Europeo pedirá también el amparo de Europa para tratar de poner freno a esta agresión ambiental sustentada en trampas legales y políticas de hechos consumados”, ha insistido Brito.
