El 89,6% de los ayuntamientos andaluces verá afectadas sus competencias por la reforma de la Administración local

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El 89,6% de los municipios andaluces verá afectadas sus competencias por la reforma de la Administración Local que prepara en el Gobierno de España. Así se destaca en el informe sobre el impacto de la futura norma estatal que ha presentado al Consejo de Gobierno el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas. En su análisis de las consecuencias de la reforma, presentadas al término de la reunión semanal del Ejecutivo andaluz por el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, el vicepresidente ha resaltado «la pérdida de autonomía y autogobierno» que supondrá su aplicación para las entidades locales.

Los municipios de la comunidad en los que el núcleo competencial propio «está amenazado de lleno» son los de menos de 20.000 habitantes, que suman una población de más de tres millones de personas. Según ha detallado Valderas en el documento, el anteproyecto de ley implica una recentralización y control por parte del Gobierno que afectará a 691 de los 771 ayuntamientos andaluces. Estas pequeñas y medianas poblaciones podrán perder gran parte de sus competencias a favor de las diputaciones provinciales, de acuerdo con lo previsto por la norma estatal. El titular de Administración Local también ha subrayado que, de estos municipios, 509 tienen menos de 5.000 habitantes (66% del total), lo que significa que podrán ser disueltos e intervenidos de forma unilateral.

El vicepresidente también ha denunciado «la injerencia y la alteración del poder local» reconocido y garantizado por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y reforzado por la Carta Europea de Autonomía Local. A su juicio, «es inadmisible» la intromisión del Ejecutivo central, que justifica la reforma por el «ahorro de unos 8.000 millones de euros» como consecuencia de una reordenación de competencias municipales. Frente a ello, ha recordado que la reforma pondrá en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de competencias como por las privatizaciones de servicios que propicia.

Igualmente, el informe presentado al Consejo de Gobierno denuncia que esta merma en el autogobierno local afectará negativamente a los cauces de participación y relación con la ciudadanía, necesarios para atender las demandas vecinales, y convertirá a los ayuntamientos en «meros gestores» de los servicios obligatorios que coordinarán las diputaciones provinciales. Además, dejará a las corporaciones bajo el control potestativo del Ministerio de Hacienda que, de entrada, será el que evalúe el coste de todos los servicios (según el anteproyecto de ley, la competencia del servicio seguirá siendo municipal sólo si el coste que propone es «competitivo»).

El vicepresidente de la Junta ha recordado en el informe que la reforma amenaza directamente el desarrollo de las leyes de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), en vigor desde 2010. La primera de estas normas, pionera en España y considerada como el ‘Estatuto de los Ayuntamientos’, reduce la tutela previa de la Junta sobre diversas materias y concede plena autonomía a los municipios para decidir cómo organizan su territorio, de qué forma se asocian con otros entes locales y qué mecanismos utilizan para prestar sus servicios. Asimismo, delimita sus competencias propias y fija los procedimientos para la posible transferencia de gestión desde la Administración autonómica. Por su parte, la Patrica garantiza a los entes locales una financiación incondicionada, es decir, respetando sus decisiones y prioridades de gasto.

Fusión de municipios

Otra de las amenazas a la autonomía local que se reflejan en el informe presentado ante el Consejo es la posibilidad de que el Estado promueva la fusión de municipios con la justificación de mejorar la capacidad de gestión. Valderas ha señalado que con esta vía se desactiva igualmente cualquier decisión democrática de segregación, ya que la norma estatal lo prohíbe por un periodo de diez años desde que se produce la fusión.

Además, y según ha añadido el portavoz del Gobierno, el Ejecutivo andaluz ha acordado encargar un informe jurídico sobre la constitucionalidad del anteproyecto del ley, así como solicitar la comparecencia de las comunidades autónomas en el Senado para que éstas puedan «ser oídas» durante el trámite parlamentario de la citada normativa en la Cámara Alta. Asimismo, ha continuado Vázquez, el Consejo de Gobierno también ha acordado pedir la convocatoria de la Conferencia Sectorial en materia local y pulsar la opinión de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) sobre esta materia.