El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, ha cifrado en medio millón los hogares andaluces que se han visto beneficiados de la nueva tarifa eléctrica reducida o ‘bono social’, que congela hasta 2012 el precio de la electricidad a aquellos colectivos más vulnerables, tras la entrada en vigor el pasado 1 de julio de la Tarifa de Último Recurso (TUR) con la aprobación del Real Decreto que reforma el sistema tarifario eléctrico español.

Soler ha explicado que los andaluces que se han visto favorecidos por el ‘bono social’, mecanismo creado por el Gobierno para proteger a determinados colectivos, han sido aquellos consumidores con una potencia contratada menor a 3 kw, los pensionistas mayores de 60 años con prestaciones mínimas, las familias numerosas y aquellas cuyos miembros se encuentren todos en situación de desempleo.

Por lo que respecta a los consumidores con una potencia contratada superior a 10 kilovatios, en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas, ya han optado por tarifas en el mercado libre que suponen un ahorro medio del 12%, según el último informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

En este sentido, el consejero ha señalado que más de 50.000 consumidores de más de 10 kw ya disfrutan de una tarifa libre, elegida por ellos mismos entre las ofertas de los distintos operadores. De este modo, prácticamente un 30% de las pymes y grandes consumidores disfrutan en estos momentos de tarifas más baratas al inicio del mercado libre. Además, ha estimado que en los próximos meses se incrementará la actividad comercial de las eléctricas en beneficios de los consumidores.

El titular de Innovación, quien ha recordado que las competencias sobre la liberalización del mercado eléctrico y las nuevas tarifas corresponden al Gobierno de la Nación, ha subrayado que el Gobierno puso en marcha esta norma para que los consumidores no tuvieran que soportar aquellos costes de transacción que pudieran derivarse del paso de un mercado regulado a uno libre.

Esta normativa contempla un conjunto de medidas destinadas a resolver el problema producido por la deuda acumulada durante los últimos nueve años por el denominado déficit de la tarifa eléctrica. Así, la nueva normativa garantiza la sostenibilidad futura del sistema eléctrico y articula un mecanismo de protección para los consumidores más indefensos.

De este lado, Soler ha destacado la labor del Gobierno andaluz que ha colaborado en la difusión de este cambio a través de las Consejerías de Innovación y Salud y Consumo, el teléfono gratuito de Atención al Consumidor y con la edición de folletos informativos y cuñas de radio.