FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la comisión de seguimiento sobre la devolución del dinero defraudado con las cláusulas suelo a través del procedimiento extrajudicial impuesto por el Gobierno no analizará las irregularidades que trasladen las asociaciones de consumidores y se limitará a evaluar los datos que le comuniquen el Banco de España y la propia banca.
El real decreto publicado en el BOE el pasado sábado define en su artículo 4 que las funciones de la comisión serán recabar y evaluar «la información que le traslade el Banco de España o las entidades de crédito» para elaborar un informe semestral que remitirá al presidente de la Comisión a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso. Así, el Gobierno no prevé que éste órgano valore y plantee medidas ante los abusos y fraudes que pudieran trasladarle las organizaciones que defienden los derechos de los consumidores.
Jugada en beneficio de la banca
El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, denuncia que «el Gobierno continúa desarrollando su jugada para que la banca salga lo menos perjudicada posible» tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determina que debe devolver todo el dinero defraudado mediante la cláusula suelo. De hecho, aunque la comisión de seguimiento pusiese de manifiesto irregularidades por parte de los bancos en sus informes semestrales, el Gobierno no prevé imponer sanciones económicas a los bancos.
«Este órgano, cuya aprobación ha sido retrasada cuatro meses, sólo servirá para continuar con una pantomima en la que se pretende hacer creer a los consumidores que se está trabajando para garantizar sus derechos», critica Sánchez. «En lugar de anunciar multas a las entidades que sigan negándose a devolver la totalidad del dinero más los intereses, el Gobierno decidió dar oxígeno a la banca ante la previsible avalancha de denuncias mediante un real decreto-ley trampa pactado con PSOE y Ciudadanos», recuerda el portavoz de FACUA.
A través de dicha norma, se impuso a los usuarios que vuelvan a presentar sus reclamaciones a los bancos, bloqueándoles la interposición de demandas ante el riesgo de que no haya condena en costas si las entidades se allanan antes de la contestación. El real decreto-ley también amplió a tres meses el plazo que tienen los bancos para contestar a este tipo de reclamaciones -la legislación del sector fija un máximo de dos-, además de darles un mes para crear departamentos o mecanismos para darles respuesta.
Los miembros de la comisión
La comisión estará compuesta por ocho personas. El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso Ruiz-Ojeda -que presidirá el órgano-, el secretario general técnico del Ministerio de Economía, Alejandro Rubio González, un representante del Ministerio de Sanidad -entre cuyas competencias están las políticas de consumo- con rango de director general, uno del Ministerio de Justicia con el mismo rango, un representante del Consejo General del Poder Judicial, uno la Asociación Hipotecaria Española, uno del Consejo General de la Abogacía Española y otro del Consejo de Consumidores y Usuarios.
FACUA es una de las diez organizaciones miembros del Consejo de Consumidores y Usuarios. Como ya anunció el pasado enero, la asociación no participará en la citada comisión al considerar que hacerlo supondría un insulto a los consumidores y servir al Gobierno de convidado de piedra para hacerse la foto y ayudarle a lavar la cara a los bancos.
Los acuerdos de la comisión se adoptarán por mayoría de sus miembros y su presidente tendrá voto dirimente. Así, los cuatro miembros del Gobierno tendrán poder de decisión.
