El PP-A y Vox firmaron este jueves el «Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía», un pacto de 150 medidas que da entrada a Vox en el Ejecutivo autonómico. El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, asumirá una vicepresidencia de la Junta junto a la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, la primera vez que la formación entra en el Gobierno andaluz.
El acuerdo se firmó a las 18.30 horas, media hora antes de la segunda votación de investidura, después de que la primera, celebrada el martes anterior, no saliera adelante: Moreno obtuvo entonces únicamente los 53 votos del PP-A, frente a 56 en contra de PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía. El pacto llega mes y medio después de las elecciones del 17 de mayo y unas tres semanas después de que ambas formaciones se sentaran por primera vez a negociar, el 9 de junio, tras un periodo previo de cerca de dos semanas sin contacto entre los equipos negociadores.
En materia fiscal, el documento recoge una rebaja progresiva del IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros, nuevas deducciones por nacimiento, bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la supresión de varios tributos autonómicos de carácter medioambiental.
El acuerdo incorpora también el concepto de «prioridad nacional» reclamado por Vox, que el documento traduce en el criterio de «arraigo»: el tiempo de residencia y actividad laboral en Andalucía como factor para el acceso a determinadas ayudas públicas. Contempla además un plan para el retorno de menores extranjeros no acompañados, una auditoría anual del gasto público vinculado a la inmigración, la supresión de subvenciones a organizaciones señaladas por el propio texto, y el fin del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los colegios andaluces.
En materia medioambiental y agrícola, el pacto establece el rechazo a la «condicionalidad climática» del Pacto Verde europeo y a la reforma de la Política Agraria Común prevista para 2028-2034, con el argumento de que encarece la producción sin contrapartidas.
El reparto institucional incluye la cesión a Vox de una vicepresidencia de la Mesa del Parlamento andaluz y de uno de los cinco senadores autonómicos que hasta ahora correspondían al PP-A. El texto crea una Comisión de Seguimiento para verificar el cumplimiento de las medidas durante toda la legislatura.
La política de inmigración es, según el artículo 149.1.2 de la Constitución, competencia exclusiva del Estado, no de las comunidades autónomas. Durante la negociación, el propio Moreno se refirió a la «prioridad nacional» como un «eslogan» y llegó a calificarla de «inconstitucional»; fuentes internas de Vox, por su parte, la definieron como «ilegal». Por su lado, la Comisión Europea ha señalado que vigilará el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de nacionalidad en los acuerdos autonómicos entre PP y Vox, recordando que cualquier desarrollo normativo derivado del pacto deberá respetar el derecho de la Unión, la libre circulación, la ciudadanía europea y la Carta de Derechos Fundamentales.
