El Consejo General de Economistas ha presentado hoy el estudio titulado La gestión del agua en las ciudades, editado por dicho Consejo General y en el que sus autores analizan el modelo de gestión en nuestro país del suministro de este bien esencial.
De un tiempo a esta parte, el debate sobre la gestión de los servicios públicos está tomando de nuevo mucha intensidad. De entre estos últimos, el relativo al suministro del agua constituye uno de los más importantes, en cuanto factor económico de primera magnitud, por lo que su análisis pudiera resultar paradigmático.
Es por ello que el Consejo General de Economistas ha estimado conveniente contribuir a la reflexión sobre esta cuestión, desde una perspectiva económica con argumentos técnicos, mediante la publicación de este estudio que ha sido elaborado por tres expertos en la materia. En este sentido, el presidente de dicho Consejo General, Valentín Pich, ha expresado el deseo de que este estudio “sea de utilidad para separar el grano de la paja en un debate tan serio como es la gestión eficiente de los servicios públicos que, en esta ocasión, hemos ejemplificado a través del análisis de un bien esencial como es el agua”.
Por su parte, el catedrático de Economía Aplicada José María Serrano –director de este estudio y autor del mismo junto a los profesores de Economía de la Universidad de Zaragoza Fernando Arbués y Jaime Sanaú– ha señalado que “aunque a menudo se habla de “remunicipalizar” el servicio, como si en algún momento se hubiera privatizado, éste siempre se ha mantenido en la esfera pública, con responsabilidad y control del ayuntamiento. Es más, siendo un servicio público, en la historia ha predominado su gestión a través de empresas privadas, con la única excepción de la dictadura franquista”. En este sentido, Serrano ha indicado que “la colaboración público-privada se ha mostrado muy eficaz por combinar la mayor eficiencia que logran obtener las empresas privadas con la representación del interés general que ejercen las autoridades políticas”. También ha señalado que los datos del estudio ponen de manifiesto que “la gestión de las empresas privadas en España evita el riesgo de exclusión y fomenta el uso responsable del agua por encima de lo que lo hacen la administración directa o las empresas municipales”. En todo caso, ha remarcado Serrano durante su intervención, “el conjunto del sector es bastante eficiente en España, cuando se comparan sus precios con los de otros países europeos, incluso si se utiliza el esfuerzo relativo en relación con la renta”.
Entre las CONCLUSIONES de este estudio se encuentran las siguientes:
- En los artículos 25 y 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, se declara explícitamente que los gobiernos locales son los responsables de la toma de decisiones en lo que respecta al abastecimiento de agua dentro de sus términos municipales. La responsabilidad no implica que el servicio deba gestionarse de forma directa por el ayuntamiento, ya que los gobiernos locales tienen potestad para decidir si lo hacen a través de una concesión. La gestión directa puede realizarla el ayuntamiento, un organismo autónomo local o una empresa pública local. La gestión indirecta puede encargarse a una empresa completamente privada o a una sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca parcialmente al Ayuntamiento (empresa mixta).
- Dado que existen en España más de ocho mil municipios que pueden decidir sobre el abastecimiento de agua en su término municipal, y que la normativa les ofrece un amplio abanico de posibilidades, una de las consecuencias de la atomización en la toma decisiones es la heterogeneidad de sistemas y formas de gestión del suministro de agua.
- La empresa privada participa en la gestión del servicio urbano de agua, aproximadamente, en el 23% de los municipios en España, aunque suelen ser municipios de tamaño más elevado que la media y por eso engloban el 55% de la población.
- Si se toman en consideración las capitales de provincia y aquellas otras ciudades que tienen más de 100.000 habitantes y no son capitales, la participación privada en la gestión del suministro del agua es mayoritaria (46 de 79) y se distribuye casi a partes iguales entre la concesión a empresas privadas (26) y la conseguida por empresas mixtas (20), aunque predominan las primeras. Aun así, el número de ciudades que gestionan directamente el servicio también es considerable (33).
- El recibo del agua puede incluir, además del agua consumida, otros conceptos vinculados al ciclo del agua (cuotas de disponibilidad, cánones, cuotas de saneamiento y depuración, fundamentalmente) y a las redes y equipamientos (alquiler de contadores, cánones de mejora de redes, etc.). Calculando la media de las ciudades consideradas, la estructura de una factura en España vendría a ser la siguiente: Abastecimiento (49%), cánones autonómicos y locales (30%), saneamiento y depuración (21%). Por eso, cuando se compara el precio medio del m3 de agua consumida con el precio medio facturado en las principales ciudades españolas, se observa una diferencia de casi 1,5 € por metro cúbico (0,53 €/m3 frente a 1,92 €/m3). Centrándonos en el abastecimiento, que representa el mayor porcentaje en el recibo por consumo doméstico de agua, puede calcularse un índice de esfuerzo para cada una de las ciudades analizadas. Una vez analizado el índice de esfuerzo de los usuarios domésticos para el pago del abastecimiento de agua en los principales municipios españoles, se concluye que no existe una relación predefinida entre precio del agua y sistema de gestión. Más bien se aprecia una relación de tipo geográfico, puesto que la mayoría de las ciudades con un índice de esfuerzo superior a la media son insulares o se sitúan en las zonas muy secas.
- En cuanto al recibo del agua para usos industriales: Hay una gran diferencia entre los precios más altos (gestión directa por los ayuntamientos, 2,05) y más bajos (empresas municipales, 0,80), a pesar de que ambos son sistemas de gestión directa. Los sistemas de gestión indirecta, por su parte, presentan un precio medio del m3 más homogéneo, que en el caso de las empresas mixtas es de 1,53 € y en el de las concesionarias de 1,10 €. De las diez ciudades con mayor índice de esfuerzo una es Melilla y cuatro están en las islas Canarias. Un resultado que parece coherente con la escasez de agua de estos lugares. Por lo demás, seis de las diez ciudades que exigen un menor índice de esfuerzo están gestionadas de manera indirecta.
- El precio del agua en España y en Europa:
o En ninguna ciudad española la factura de los servicios del ciclo del agua es demasiado elevada, el agua es relativamente barata. En ninguna ciudad (independientemente del modelo de gestión del suministro –público, privado o mixto–) supera el 2% de la renta disponible de las familias y en 42 de las 79 principales no llega al 1%. Lejos, claramente, del 3% que señala la ONU como máximo razonable.
o El agua que pagan las familias en España es, en general, muy barata en términos europeos. El precio unitario del ciclo integral del agua (después de aplicar el IVA y otros tributos) solo es inferior al que pagan los consumidores domésticos españoles en Portugal, Hungría, Polonia, Rumanía, Bulgaria e Italia. Las cifras en España están, sin duda, muy lejos de Dinamarca, los Países Bajos, Finlandia, Reino Unido, Suecia o Bélgica. El precio unitario de un metro cúbico de agua es en España un 35,30% más barato que en el promedio europeo.
o España es uno de los países de la muestra con precios más bajos de abastecimiento y de saneamiento y depuración.
o Más importante y representativa aún es la comparación del esfuerzo que los hogares de cada país han de hacer para pagar la factura del agua, en relación con su renta. Pues bien, el esfuerzo que las familias españolas hacen en promedio para pagar el agua es el segundo menor de Europa, tras Italia.
o Los resultados son particularmente significativos, porque España no es un país caracterizado como húmedo en comparación con los otros europeos.
En base a estas conclusiones, del estudio se pueden extraer una serie de REFLEXIONES sobre la gestión del agua en las ciudades, entre las que destacan las siguientes:
- Titularidad pública del suministro de agua por los municipios: Los argumentos a favor de las denominadas “remunicipalizaciones” parten con frecuencia de un falso problema, el de que privatizar la gestión del servicio de abastecimiento de agua haya significado renunciar a la titularidad pública del servicio, haya significado “privatizar el agua”. Esto no es posible legalmente en España, ni lo ha sido nunca. La titularidad del servicio y el control del mismo corresponde, en todos los casos, al municipio. Ahora bien, esto no prejuzga quien vaya a hacer la gestión, pues con el régimen de servicio público siempre ha sido posible elegir entre una gestión directa del municipio o una gestión a través de empresas, sean públicas, mixtas o enteramente privadas.
- En la España contemporánea ha predominado la gestión privada: Uno de los lugares comunes más repetidos en los debates sobre las llamadas “remunicipalizaciones” es que se trataría con ellas de volver a una supuesta normalidad, porque la gestión pública del suministro de agua habría sido lo habitual hasta la oleada privatizadora de los años ochenta del siglo veinte, que habría contagiado a España. Hasta la guerra civil predominaron claramente las empresas privadas en el suministro de agua a los hogares y fue, precisamente, durante la dictadura franquista cuando asumieron un mayor protagonismo las Administraciones locales. En la democracia volvieron a renacer las empresas privadas.
- Ventajas de la colaboración público-privada: Encomendar la gestión a una empresa privada, a través de un concurso público y retener la responsabilidad última es la mejor solución para aprovechar todas las ventajas. La denominada colaboración público-privada puede armonizar ambas perspectivas: la eficiencia privada en la gestión y el marco de actuación pública, en representación de los intereses generales.
- Eficiencia: Los estudios sobre eficiencia de las distintas formas de gestión del suministro de agua a los hogares avalan la mayor eficiencia de la empresa privada en la gestión del suministro de agua a los hogares, tanto en España como en el ámbito internacional. Dos son los principales argumentos para apoyar esa mayor eficiencia: las economías de escala que puede alcanzar un operador privado actuando en varios municipios (mientras que, operando en un solo municipio, con un término municipal rígido, es difícil que su tamaño coincida con el óptimo y tenderán a la sobreproducción) y la capacidad para gestionar mejor el factor trabajo en el ámbito privado que en el público.
- Formas de gestión y uso responsable del agua: En las ciudades en las que hay una penalización más significativa del despilfarro de agua, el modelo de gestión abrumadoramente dominante es el indirecto (concesión o empresa mixta).
- Formas de gestión y riesgo de exclusión: Más de la mitad de las principales ciudades españolas (40 de 79) incluyen algún tipo de tarifa especial dirigida a colectivos con menos recursos económicos y son el mismo número las de gestión directa e indirecta. Pero hay más. Cuando se aplican tarifas por bloques crecientes, como sucede en la mayoría de ciudades, el primero de los bloques está diseñado para asegurar que los hogares tengan acceso a un volumen de agua considerado básico a un precio razonable. De las 20 ciudades que fijan un precio más bajo para el bloque básico, 14 tienen un sistema de gestión indirecta (incluidas las tres más baratas).
