El Ayuntamiento pone en conocimiento de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción supuestos delitos en el área de Urbanismo durante la gestión del anterior Equipo de Gobierno

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El alcalde de Marbella, José Bernal, ha anunciado hoy que la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión urgente y extraordinaria, ha decidido poner en conocimiento del Ministerio Fiscal y del Juzgado de Instrucción unos presuntos delitos detectados en la gestión de la delegación de Urbanismo por parte del anterior Ejecutivo local del Partido Popular.

El regidor, acompañado por la edil del ramo, Isabel Pérez, ha explicado que tras la llegada del nuevo Gobierno al área de Urbanismo “se detectó un número elevado de expedientes sancionadores por infracciones contra la ordenación del territorio que el anterior ejecutivo apenas impulsaba”.

“Empezamos una investigación y solo entre los años 2009 y 2011 se iniciaron numerosos procedimientos sancionadores que finalmente no se firmaban y, que, por tanto, han prescrito por una cuantía que asciende a los 9.087.387 euros, dinero que han dejado de recibir el Ayuntamiento y la ciudad”, ha lamentado.

El primer edil ha recalcado que estos decretos “fueron preparados por los instructores de los procedimientos y se presentaron para su firma sin que finalmente fueran ratificados, privando a la ciudad de unos fondos muy necesarios y beneficiando a infractores urbanísticos”.

La investigación, que continúa abierta, también ha detectado a partir del año 2011 un total de 1.636 procedimientos de infracciones de los que 985 expedientes sancionadores (más del 60 por ciento) tampoco han sido impulsados. “En este momento estamos trabajando para determinar cuáles no han prescrito y continuar el proceso para recuperar el dinero que corresponde a la ciudad”, ha señalado.

“El dato más alarmante es que este ejercicio, año electoral, de los 278 procedimientos abiertos solo se han impulsado 5”, ha indicado Bernal, quien ha adelantado que el nuevo Gobierno “ante la ausencia por parte de los anteriores responsables municipales de criterios para impulsar o no los expedientes, va a determinar, con la tutela de la Asesoría Jurídica, las pautas sancionadoras que se seguirán en esta nueva etapa”.

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