En un debate con la secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Portugal, Ana Paula Zacarias, en representación de la presidencia del Consejo y la vicepresidenta de la Comisión Věra Jourová, casi todos los oradores criticaron los amplios poderes de las plataformas de redes sociales y su preocupante impacto en la política y la libertad de expresión.
Aludiendo a varias decisiones de las compañías de censurar contenido o cuentas, una gran mayoría de eurodiputados destacaron la falta de reglas claras en este ámbito y las prácticas poco transparentes de las grandes empresas de internet. Instaron a la Comisión a abordar la cuestión en las leyes sobre servicios digitales y sobre mercados digitales, y dentro del plan de acción para la democracia.
La mayoría de oradores se centraron en la necesidad de ofrecer seguridad jurídica en caso de retirada de contenidos. También consideraron que la toma de esas decisiones corresponde a autoridades democráticas, y no a compañías privadas, para salvaguardar la libertad de expresión.
Otras cuestiones tratadas en el debate fueron:
| • | la necesidad de defender la democracia y los valores de la UE haciendo frente a la desinformación y los crecientes esfuerzos para subvertirlos o incitar violencia; |
| • | el uso de la tecnología para reforzar en vez de limitar el discurso político, al tiempo que se aborda la proliferación del discurso de odio y la discriminación en línea; |
| • | la transparencia de los algoritmos, el uso de datos personales y la restricción (o prohibición) de las prácticas de elaboración de perfiles y análisis más detallados, con objeto de transformar el modelo de negocio de los gigantes tecnológicos; |
| • | los problemas generados por la aparición de monopolios tecnológicos y su impacto en la pluralidad de los medios, y en la diversidad del discurso político; |
| • | la falsa dicotomía entre la esfera digital y real y la necesidad de reglas que cubran todos los niveles, y |
| • | los riesgos sistémicos, así como el daño social y económico, que pueden causar o exacerbar las plataformas. |
Antecedentes
En octubre de 2020, en sus propuestas para la nueva ley de servicios digitales, el Parlamento destacó que la responsabilidad de hacer cumplir la ley corresponde a las autoridades y que las decisiones deben ser adoptadas, en última instancia, por jueces independientes y no por entidades comerciales privadas.
Durante las pasadas elecciones europeas, en 2019, un plan de acción de la UE y el código de buenas prácticas acordado entre la Comisión y las plataformas contribuyeron a combatir la desinformación.
No obstante, la Comisión ha indicado que las medidas de auto-regulación deben sustituirse por una mezcla de medidas obligatorias y co-regulación para proteger de manera apropiada los derechos fundamentales de los usuarios y regular la moderación de contenidos.
En los últimos tiempos el Parlamento se ha pronunciado sobre el deterioro de los derechos fundamentales, la preocupante situación de la libertad de prensa en la UE y las campañas de desinformación llevadas a cabo por actores externos e internos.
