Los PGE 2017 constituyen un indicativo importante de que no hay elecciones a la vista: se acabó la propaganda y vuelven los recortes en I+D+i. Los PGE 2016 se presentaban como los “presupuestos de la recuperación”, con el gasto total congelado (0,5%) pero con un aumento importante de los gastos no financieros (capítulos 1 a 7) del 11,2%, el mayor en toda la legislatura, aunque el presupuesto real en 2016 era un 25% menor (- 900 M€) que el que encontró el PP al acceder al Gobierno.
PARa CCOO, los PGE 2017 desandan el camino. Se vuelve a reducir el gasto real en un 2,6%, bajando a los 2.604 M€, 70 M€ menos que en 2016. Sin embargo, se sigue insistiendo en que “la inversión realizada en los últimos años en la política de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) ha permitido aproximar los recursos públicos del sistema de I+D+i a la media comunitaria”, como se afirmaba en la presentación de estos PGE 2017. Como los hechos son tozudos, todas las estadísticas oficiales (INE, Banco Mundial o UE) muestran que la media española de porcentaje del PIB dedicado a I+D se contrae mientras la comunitaria ha crecido en los últimos años. El intento de enmascarar los presupuestos aumentando el capítulo 8 de créditos reembolsables en el 3,6% (135 M€), hasta representar el 60% del presupuesto total de 6.490 M€, es un recurso manido e inútil. La intervención del Estado ha confirmado que en 2015 se ejecutó solo la mitad de este capítulo y los resultados de 2016 son aún peores: el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) no logró gastar ni el 30% del capítulo 8 como resultado del cierre del gasto en julio para cumplir con el déficit. ¿Por qué se sigue insistiendo en negar la realidad y en acudir a un recurso en el cual nadie cree y que sólo sirve para desprestigiar a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y al sistema entero?
Hay cambios importantes en la gestión, ya que el MINECO suma la cartera de Industria y por tanto las competencias en I+D relacionadas, aumentando su participación en la Función 46 de Investigación, Desarrollo e Innovación hasta el 85% del total, con 5.485 M€. La otra novedad importante es la aparición de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) como gestora del Fondo Nacional de I+D+i, ahora convertido en Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico (Fondo ICDT), al agregarse el fondo Ciencia-Tecnología-Empresa, antes gestionado por Industria. Su presupuesto, 616 M€, de los cuales 597 M€ corresponden al Fondo ICDT, representan el 49% del capítulo 7, dedicado mayoritariamente a convocatorias competitivas. Además del Fondo CTE se han agregado los recursos de las convocatorias del INIA, pero no las del FIS, que siguen en el ISCIII. Por otra parte, la AEI asignará, mediante una encomienda de gestión, 1.661 M€ de capítulo 8, el 73% provenientes del fondo CTE y dedicados en un 65% a empresas privadas.
Tras el leve repunte en 2016, el presupuesto de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) vuelve a caer con fuerza, con una reducción del 3,3% (- 43 M€) que se suma a las caídas previas, que alcanzan el 15% respecto a 2010 y el 25% respecto a 2009. Pero el mayor problema de los OPIs es la pérdida de personal, con una reducción de más de 2.100 efectivos desde 2010, casi 1.700 solo en el CSIC. Esto sin contar la reducción de contratados temporales al finalizar sus contratos, desde Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, FPI/ FPU, además de obra y servicio y similares. Destaca la situación del INTA, obligado a cubrir una parte importante de los gastos de personal con cargo a las operaciones comerciales obtenidas de las actividades en los distintos programas y proyectos científicos y tecnológicos. Por otro lado, la CECIR no autoriza el pago de la productividad del personal laboral que participa conjuntamente con el personal funcionario, aunque esté incluida dicha partida en los PGE 2017, bloqueando las actividades relacionadas con la generación de las operaciones comerciales exigidas en los mismos PGE.
Este año tampoco se salvan los fondos para las empresas. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) sufre un recorte adicional del 26% de sus recursos dedicados al apoyo al tejido empresarial innovador; en particular, desaparece el programa INVIERTE y se sigue reduciendo la dotación para participación de las empresas en el Plan Estatal. La caída de recursos de la agencia supera el 56% desde 2010, demostrando que el publicitado apoyo a los innovadores es un discurso vacío y un fraude más.
Como dato relevante, el Plan Estatal I+D+i 2018-2020 no se ha aprobado a pesar de concluir su discusión en noviembre de 2016, y las convocatorias 2017 tampoco tienen fecha fijada, lo cual lastra el arranque inicial de la Agencia Estatal de Investigación.
