El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido un auto que respalda, por segunda ocasión, las resoluciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que Airbnb retire anuncios de pisos turísticos sin licencia correspondiente ni naturaleza jurídica indicada. El tribunal ha denegado el recurso de la multinacional contra las medidas cautelares que afectaban a casi 35.000 anuncios.
La Dirección General de Consumo instó a Airbnb a retirar 65.000 anuncios a través de tres resoluciones diferenciadas. La primera incluyó 5.800 anuncios avalada por el tribunal en mayo, la segunda abarcó 34.728 anuncios respaldada en este segundo auto, y una tercera resolución con los anuncios restantes que no fue recurrida por la plataforma.
Tras recibir las resoluciones de Consumo y el primer aval judicial, la multinacional retiró los 65.000 anuncios en julio. Los argumentos de la Dirección General de Consumo para justificar la ilegalidad se basaron en tres infracciones: ausencia del número de licencia obligatorio según normativas autonómicas, incorporación de números de licencia que no corresponden a los expedidos por autoridades, y falta de indicación de la naturaleza jurídica de los arrendadores.
El Ministerio abrió un expediente sancionador en diciembre de 2024 en este ámbito de actuación contra publicidad ilegal de viviendas turísticas. La Dirección General mantiene expedientes sancionadores abiertos a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas y a agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra inquilinos.
Estas iniciativas se enmarcan en el objetivo de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, con el argumento de que miles de familias viven al límite mientras algunos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares.
