IU denuncia que la alcaldesa oculta el importe de la multa impuesta por la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento por fraude laboral

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IU denuncia la ocultación de información de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en relación a la cuantía de la multa impuesta por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Gobierno Central, por incumplimiento de las normas legales de cotización a la seguridad social, desempleo, protección por cese de actividad, fondo de garantía salarial y formación profesional del personal vigilante de playas durante los últimos tres ejercicios.

Desde IU informan de que ya en el apartado de Ruegos y Preguntas del Pleno del pasado mes de junio los concejales de la formación de izquierdas solicitaron la información de la cuantía de la multa, un requerimiento que no recibió respuesta, aunque el portavoz del PP, Félix Romero, reconoció la veracidad de las afirmaciones de IU y se comprometió a satisfacer la respuesta por escrito. Posteriormente, el 26 de julio, el Grupo Municipal de IU registró una petición de información reiterando la misma solicitud, han pasado tres meses y sigue la opacidad del PP. “La alcaldesa emula al PP nacional, mientras desde Génova eliminan la información de los discos duros de su contabilidad, Muñoz oculta a la ciudadanía información de interés público”, sentencian los concejales de IU.

Tras esta multa, el equipo de gobierno local se ha visto forzado a modificar el mecanismo de contratación del servicio de vigilancia de playas mediante un apresurado concurso de externalización de servicios, con unas condiciones económicas que hacían imposible la prestación adecuada, con medios suficientes, del servicio y que por distintos retrasos en la nefasta gestión del expediente provocó que el servicio de vigilancia y socorrismo de playas, de forma imprudente y temeraria, no comenzara a prestarle hasta más de un mes después del inicio de la temporada de baños.

IU denuncia que “esta no es la primera multa impuesta al gobierno del PP por negligencias en su gestión, ya que un juzgado ha fijado la obligación de indemnizar con 684.888,66 euros a los afectados por contaminación acústica derivada de la estación de autobuses.