El Ayuntamiento de Estepona sigue reduciendo el periodo medio de pago a proveedores, que se sitúa en estos momentos en 14 días. De esta forma, se ha pasado de 1.492 días de demora en el pago de facturas con el gobierno socialista en 2011 a 14 días en el último trimestre de 2020; una cifra muy por debajo de los 30 días que establece la ley.
Debido a la excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos, el equipo de gobierno ha dado orden a la Tesorería Municipal para acortar al máximo el periodo de pago, con el objetivo de reducir al máximo posible el impacto económico que puede acarrear en los proveedores la situación derivada de la pandemia.
Junto a esta reducción del periodo de pago, durante el ejercicio 2020 se ha realizado una importante inyección económica a proveedores, favoreciendo así el buen funcionamiento del sector empresarial y estimulando la economía.
En total, durante el pasado año se realizaron pagos por un importe total de 47,7 millones de euros a proveedores y empresas. Frente a esto, el alcalde de Estepona y vicepresidente de la FEMP, José María García Urbano, ha recordado que después de diez meses desde el inicio de la pandemia, los ayuntamientos no han recibido ni un euro de ayuda del Gobierno central para hacer frente a la recuperación social y económica derivada de la pandemia.
Asimismo, hay que recordar que el Ayuntamiento de Estepona está al día en los pagos a las empresas y proveedores que prestan servicios al Ayuntamiento, habiendo abonado todos los servicios contratados y sin que existan deudas derivadas ni de este ejercicio ni de anteriores desde que este equipo de gobierno está al frente del Ayuntamiento.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Estepona tiene todas sus magnitudes económicas en positivo, tal y como acredita la Cuenta General. Esto ha sido posible gracias a una gestión responsable y cumplidora, que ha hecho frente a las deudas del pasado, pagando más de 211 millones de euros de los 300 millones de euros de la deuda heredada en 2011; al tiempo que se ha llevado a cabo la mayor inversión pública en equipamientos y servicios, sin subir impuestos a los ciudadanos y sólo con la buena gestión y administración de los recursos públicos.
