La corporación municipal ha aprobado por unanimidad la moción del PSOE en la que se propone el apoyo institucional a las negociaciones entre la Autoridad Portuaria, propietaria del Faro de Marbella, y la Consejería de Turismo que estudia su recuperación y su transformación en centro de interpretación turística de la Costa del Sol.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Susana Radío, ha destacado que el trabajo realizado por el PSOE ha propiciado esta propuesta que “es mucho más ambiciosa que la simple rehabilitación que planteaba el PP”. Pues la intención de la Consejería de Turismo es recuperar, tanto el faro como las edificaciones anexas, “para uso y disfrute de todos los ciudadanos y visitantes y convertir este inmueble en referente turístico de la Costa del Sol”, señala Radío.
Además ha añadido que la petición de que sea la Consejería de Turismo y no el Ayuntamiento la que asuma la recuperación del edificio se debe a que “el consistorio tiene graves problemas financieros que se han agravado con la nefasta gestión del PP y la Consejería puede darle un mejor uso, puede difundir mejor la imagen de Marbella y dispone de más fondos”.
El PP ha votado en contra de la reapertura de la comunidad terapéutica Hacienda de Toros demostrado, según el concejal Antonio Martín, “que el objetivo del PP es destruir los servicios sociales en el municipio” y todo ello cuando los populares celebran “falsamente” el 2010 como año social.
Martín ha acusado al PP de “ignorar de forma incomprensible e irracional las peticiones de los familiares de los afectados provocando su desamparo”. Y ha recordado que existe el compromiso de la Junta para aumentar las plazas concertadas y reducir el gasto que debe asumir el Ayuntamiento, que eran las excusas que utilizaba el PP para cerrar el centro.
También en materia social el PSOE ha reprochado al PP que presente una moción demandando a la Junta la cobertura educativa de los niños sordos del municipio cuando votaron en contra de la propuesta planteada por los socialistas en enero de 2008 en la que se demandaban, entre otras cosas: la dotación de un local para la asociación de sordos de Marbella y San Pedro; la contratación de un intérprete para atender a los ciudadanos que los precisen en las dependencias municipales, para actos públicos y para RTVM.
Antonio Martín ha contestado además que el PP desconoce la Ley de Educación pues la Junta de Andalucía tiene cubiertas las necesidades de los estudiantes con discapacidad auditiva, que en el municipio ascienden a siete, y que tienen a su disposición, cada uno, un especialista en su centro educativo.
Respecto a la petición del Ayuntamiento de requerir a la Junta de Andalucía 330.000 euros para reformas en el colegio José Banús, Antonio Martín ha acusado al PP de “demagogia” pues el consistorio ha dispuesto de 2,5 millones de euros de los planes ZP de 2009 para afrontar estas actuaciones. Por su parte la Junta de Andalucía ha invertido 1,5 millones de euros en otras tantas obras en centros del municipio. “Frente a ello el PP sólo ha previsto 7.000 euros para educación en los presupuestos municipales, lo que dice mucho de cuanto les preocupan nuestros colegios –señala Martín- quien recuerda que la conservación de los centros es competencia municipal”
Los populares también se han negado a que el Ayuntamiento subvencione el 100% del importe de la licencia de obras y el impuesto de construcciones de las viviendas objeto de la rehabilitación que oferta la Junta de Andalucía, incumpliendo así las promesas de la alcaldesa. El concejal Diego Lara ha explicado que esta subvención supondría para el Ayuntamiento un pequeño desembolso “pero que para las familias es un importante gasto medio de unos 300 o 400 euros”.
El PSOE ha votado a favor de los oficios de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Viviendas que obligan al Ayuntamiento a no incluir una serie de modificaciones en la aprobación del PGOU para que sigan el procedimiento legal de exposición pública. Susana Radío ha lamentado la falta de diligencia del PP que ha obligado a traer de nuevo a pleno este trámite.
La portavoz ha explicado que con esta decisión “se trata de dar las máximas garantías de legalidad al PGOU para evitar posibles impugnaciones pues el plan se va a mirar con lupa, sobre todo por todos aquellos que tienen que realizar compensaciones”.
Los socialistas se han opuesto a la impugnación de las tasas de agua de Acosol, que ha planteado el PP, al entender, según ha expuesto el edil Diego Lara, que son razonables, pues no se revisaban desde 2001; no se ha subido más de IPC acumulado, que supone en algunos casos un incremento de un céntimo y porque las han realizado técnicos de la Mancomunidad, no políticos.
Lara ha acusado a los populares de “cinismo” pues sufragan el coste de esta impugnación con recursos municipales “cuando su objetivo final es atacar a un dirigente de una institución que es su adversario político”.
