La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía quiere hacer hincapié en los recursos que están a disposición de los ciudadanos para ser personas consumidoras ‘felices’. Aprovechando el marco del Yellow Day, considerado el día más feliz del año (20 de junio), Consumo propone unos consejos para, en la medida de lo posible, alcanzar la ‘felicidad’ o la la máxima tranquilidad desde el consumo, o para evitar la ‘infelicidad’ que nos puede causar no tener en cuenta una serie de aspectos básicos.
Ante todo, debe tenerse en cuenta que la información es la herramienta principal que tenemos para evitar cualquier sorpresa desagradable y para ser conscientes de todos los recursos de los que disponemos para hacer valer nuestros derechos como personas consumidoras y usuarias, y exigir un trato justo en nuestras compras.
En primer lugar, la información que podemos obtener de las instituciones, como la propia Dirección General de Consumo, su plataforma Consumo Responde y sus redes sociales, que son canales mediante los que podemos estar al tanto de todas las novedades normativas, derechos, recomendaciones, consejos de consumo, etcétera, en todos los sectores principales (suministros, telecomunicaciones, vivienda, viajes, transporte, ocio, productos, economía familiar o compras en general).
Antes de comprar un producto o contratar un servicio, es importante investigar sobre los mismos, consultando opiniones y experiencias de otras personas consumidoras, así como comprar precios.
Otro aspecto a tener en cuenta para evitar problemas, en este caso a la hora de realizar compras por internet, es considerar ciertas pautas como utilizar webs seguras (‘htpps’, presencia de un candado cerrado en la barra de navegador de internet), de confianza, y preferiblemente radicadas en la UE –para asegurarnos de que se aplica la normativa comunitaria, nacional o de la comunidad autónoma– y no fuera de la misma. Además, debemos mostrar cuidado a la hora de proteger nuestros datos personales. Para garantizar la seguridad de nuestros dispositivos, es necesario tener debidamente actualizados los sistemas operativos, y lo ideal es contar con una protección extra con antivirus.
Otra pauta para ser una persona consumidora feliz es evitar prácticas como el consumo impulsivo. La reflexión y la racionalidad son fundamentales antes de tomar decisiones de compra. Para ello, debemos responder a una pregunta sencilla: “¿Necesito, realmente, un determinado producto/servicio?”
Si se observa o se sufre una práctica comercial abusiva, o se detecta o adquiere un producto defectuoso o con fallas de seguridad, hay que denunciar. Con esta acción, contribuimos a mejorar el mercado y proteger los derechos del conjunto de las personas consumidoras. En este sentido, la Red de Alerta de Productos de Consumo es un sistema eficaz para retirar esos productos del mercado.
Las personas consumidoras y usuarias disponen de mecanismos como la garantía legal (de 3 años para los productos nuevos y de 2 años si son contenidos o servicios digitales) o el desistimiento, que faculta a la persona consumidora a desistir o dejar sin efecto el contrato –si se notifica a la parte contratante– sin necesidad de justificación y sin riesgo de penalización, en un plazo mínimo de 14 días.
Desde Consumo se recuerda que, en caso de producirse un conflicto o desavenencia, las personas consumidoras tienen a su disposición recursos como la Hoja de Quejas y Reclamaciones de la Junta de Andalucía, así como la mediación de consumo y el arbitraje de consumo. También existen otros mecanismos, como la denuncia de consumo, así como la vía judicial, en este caso, cuando la empresa no adherida al Sistema Arbitral de Consumo rechaza el arbitraje solicitado o si un determinado asunto no puede ser objeto de arbitraje de consumo.
En este último caso, se insiste en la conveniencia de adquirir productos o contratar servicios a empresas que estén adheridas al Sistema Arbitral de Consumo, lo cual supone una garantía extra a la hora de abordar posibles problemas que pudieran surgir, mediante un procedimiento que permite resolver los conflictos de consumo de forma extrajudicial, de una manera eficaz, sencilla, gratuita, rápida, voluntaria y de calidad, con efectos vinculantes y ejecutivos.
