El Ayuntamiento pedirá a la Junta de Andalucía que amplíe hasta los 30 años el periodo de concesión de los establecimientos de playa con el objetivo de garantizar su equilibrio económico frente a las consecuencias derivadas de la pandemia del Covid-19. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha subrayado el compromiso del Gobierno municipal con este sector, “un elemento estratégico de nuestra oferta turística que consideramos prioritario y al que debemos dotar de seguridad jurídica a largo plazo para compensar el daño que ha sufrido este año tan complicado para todos”.
La regidora ha resaltado que “prorrogar el plazo de concesión hasta el máximo que permite la normativa permitirá a los chiringuitos existentes en nuestro litoral contar con una mayor protección para mitigar los perjuicios económicos que ha ocasionado la pandemia en este ejercicio y poder enfrentarse a posibles inversiones de cara al futuro”. “Ha sido un sector que se ha visto afectado de manera grave como consecuencia de las medidas restrictivas impuestas a lo largo de este año ante la necesidad de contener el Covid-19”, ha indicado la primera edil, que ayer abordó esta cuestión con la consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, durante su visita a Marbella con motivo de la inauguración de la nueva fábrica de hielo y el inicio de los trabajos de demolición de la antigua lonja del Puerto Pesquero de La Bajadilla. “La sensibilidad y el compromiso de la Junta ante nuestra solicitud son máximos”, ha apuntado Muñoz.
En este sentido, la directora general de Playas, Puertos y Medio Ambiente, Victoria Martín-Lomeña, ha precisado que la medida solicitada por el Ayuntamiento supondrá una “mayor tranquilidad de cara al futuro para los titulares de los establecimientos de hostelería de playa” y ha apuntado que el Consistorio “ha mostrado siempre su compromiso con un sector de gran relevancia en nuestra ciudad”. “El objetivo es que que nuestros chiringuitos, que son una seña de identidad de Marbella y del resto del litoral, dispongan del máximo periodo de explotación que permite la ley para que puedan mantener y desarrollar su actividad con garantías”, ha indicado.
