Las defensas de varios encausados en el caso Astapa han enviado un escrito a la Audiencia Provincial de Málaga indicando la necesidad de que se investigue la participación del comisario José Manuel Villarejo en el inicio de este caso, que se inició hace más de 15 años.
Así, la representación del ex-alcalde Antonio Barrientos, principal encausado en este procedimiento, ha presentado un recurso de apelación contra la denegación por parte del juzgado que ha instruido la causa de llevar a cabo dicha investigación. A la solicitud se han sumado los letrados de numerosos procesados. En dicho recurso, al que ha tenido acceso esta redacción y que deberá resolver la Audiencia de Málaga, se considera que la práctica de esta investigación «no es que resulte conveniente sino que resulta imprescindible para esclarecer la participación del comisario en el origen del presente procedimiento».
El juzgado que ha llevado el caso entiende que la instrucción ya está terminada y que carece de competencia para practicar u ordenar nuevas diligencias y la Fiscalía se ha vuelto a pronunciar en contra de que se abra esta investigación. Sin embargo, en el recurso de 20 páginas, las defensas señalan que las declaraciones del comisario Villarejo en tribunales y en el Congreso de los Diputados, las agendas intervenidas al comisario y los audios extraídos de sus numerosas conversaciones grabadas y publicadas en diversos medios de comunicación, dejan a las claras que Villarejo tenía intereses urbanísticos en Estepona, entre otros, en el edificio Mirador de la Cala, con problemas de obtención de licencia antes de que estallara la operación en 2006; que tenía relaciones de interés con el comisario José Luis Olivera que dirigió Astapa; que participó desde la sombra en el desarrollo de esta operación; que a través de Olivera realizó informes para meter o sacar del caso a personas según su interés y que, una vez en marcha, tejió una red para defender y ampliar sus intereses urbanísticos en esta localidad.
En el escrito se indica también que los nuevos datos que han salido a la luz en las últimas semanas, «corroboran las irregularidades que se produjeron desde el inicio de la presente causa, que estuvo dirigida por intereses espurios». Lo procedente es completar la labor de instrucción y llevar a cabo la investigación solicitada por las defensas, a fin de obtener el conocimiento preciso —y no solo por las informaciones en medios de comunicación —de lo realmente acontecido, se señala en el documento.
Pero es que además, los letrados de las defensas entienden que la denegación de esta investigación «supone una vulneración del derecho de defensa ya que no puede negarse que, por su relevancia para el caso, las diligencias solicitadas son pertinentes y útiles, y deben practicarse en este momento procesal», señalan. Las defensas insisten en que «resulta imprescindible investigar la participación del señor Villarejo en la causa, pues dicha implicación puede determinar la nulidad de las pruebas obtenidas durante la instrucción».
