El grupo provincial de Izquierda Unida ha lanzado al resto de partidos de la Diputación una propuesta de pacto para repartir de manera justa y equitativa entre los ayuntamientos los fondos de la Oficina de Atención a los Alcaldes. Este área tiene este año un presupuesto de 6.976.000,00 euros, de los que una parte está destinada a la senda litoral y a los mercados de “Sabor a Malaga”. El resto, 3.376.000 euros, irá a obras, suministros y/o gastos corrientes que respondan a alguno de los objetivos estratégicos (mejorar el desarrollo económico y social en el territorio provincial, paliar necesidades urgentes e inaplazable y/o mejorar la prestación de los servicios públicos) y en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario y/o que revistan especial singularidad o carácter urgente que justifiquen la dificultad de la convocatoria pública. Sin embargo, la de distribución no es siempre equitativa, llegando una parte importante a grandes municipios y a aquellos gobernados por el mismo partido “o amigo” del PP o para fines que no son los establecidos.
Según han explicado los diputados de IU, Guzmán Ahumada y Teresa Sánchez, estas transferencias a los ayuntamientos deben contar previamente con la aprobación de la Comisión Especial de Cuentas y para ello es necesario establecer unas líneas básicas que garanticen objetividad y no un simple cambio de espacio para seguir repartiendo los fondos de manera arbitraria. “Por ese hecho, para que la aprobación de las distintas transferencias a los ayuntamientos de la Provincia a través de la Oficina de Atención a los Alcaldes no se convierta en una lucha partidista de los distintos grupos políticos”, Izquierda Unida propone en la moción que lleva al pleno del próximo día 15 que se llegue a un pacto. IU ya ha elaborado una propuesta primera para dicho pacto, que debe ser consensuada y acordada entre todos los grupos.
En dicha propuesta se afirma que, además de tener en cuenta a la hora de la valoración para su aprobación que se ajuste a los objetivos contemplados en el Plan Estratégico de Subvenciones, se procederá a articular un mecanismo que garantice una transferencia mínima para cada municipio de 20.000 euros, así como establecer como máximo la aprobación de dos proyectos/iniciativas para cada uno de los municipios con un coste máximo de 200.000 euros.
Ahumada, que ya se está poniendo en contacto con el resto de grupos políticos, entiende que se puede llegar a un consenso como ha ocurrido con otras cuestiones y acabar, así, con un sistema de reparto de fondos a los municipios que es poco igualitario.
