El Programa de Transición al Empleo de la Junta (Proteja) en 2010 permitirá ejecutar más de 2.150 proyectos en los 771 municipios andaluces, la mayor parte correspondientes a obras, que implicarán más de 12.400 contrataciones, según las estimaciones realizadas por los consistorios, y que suponen una inversión de 181 millones de euros.
La Junta de Andalucía ha informado a los agentes sociales sobre estas cifras en la Comisión Autonómica de Participación de este plan, presidida por Pizarro y a la que han asistido el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Santiago Herrero, y los secretarios generales de CCOO y UGT en Andalucía, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente.
De los 2.157 proyectos remitidos por los ayuntamientos a día de hoy el 99,8% (2.154) están validados por las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las ocho provincias andaluzas, de forma que los consistorios están ya están comenzando a tramitarlos. Estas iniciativas suponen el 99, 8% del presupuesto global solicitado, y la generación de 12.490 puestos de trabajo. Los tres proyectos restantes se encuentran en tramitación, pendientes de subsanación de parte de la documentación.
El titular de Gobernación y Justicia se ha mostrado satisfecho por la implicación que mayoritariamente han mostrado los consistorios andaluces en esta política activa de empleo, que contribuye a cumplir con el objetivo central del Gobierno andaluz en este momento, la generación de empleo, además de reactivar las economías locales. Asimismo, ha destacado la utilidad de las obras, que contribuyen a mejorar el nivel de las infraestructuras locales, la adecuación de vías urbanas y permite habilitar más y mejores servicios.
Los ayuntamientos andaluces han solicitado la totalidad de los fondos que se les habían asignado salvo en cuatro casos: los consistorios gaditanos de La Línea, que ha dejado de presentar iniciativas por valor de 224.395 euros, y Ubrique, que no ha cubierto un montante de 20.000 euros, así como el sevillano de El Coronil, al que le han quedado por cumplimentar proyectos por 5.147 euros, y el malagueño de Estepona, con 18.620 euros, lo que suma 268.163 euros.
Este montante, junto a los restos menores de otros ayuntamientos, han pasado automáticamente a las respectivas diputaciones provinciales, que se encargarán de gestionarlos. De esta forma se garantizan las inversiones, evitando la pérdida de fondos para generar empleo. Además la Diputación de Jaén se hará cargo de los 39.626 euros correspondientes al municipio jiennense de Orcera, que desde un principio no presentó ningún proyecto a la convocatoria de esta segunda edición del Proteja. Así, las instituciones provinciales gestionarán 315.544 euros procedentes de la línea de colaboración con los ayuntamientos, a los que hay que unir los 44,2 millones de euros que ejecutan directamente.
Tipología
Este programa especial ha permitido a los municipios plantear iniciativas en las áreas sanitaria, educativa, cultural y de servicios sociales. Por áreas de actividad 2.067 iniciativas municipales presentadas corresponden a obras y 90 son servicios.
En cuanto a las obras que se van a acometer con este Proteja tienen una marcada utilidad social, ya que permiten mejorar la calidad de servicios e infraestructuras como por ejemplo 94 instalaciones deportivas o 208 edificios educativos (guarderías, escuelas infantiles, colegios, institutos, y centros de FP, entre otros).
También se acometerán 69 centros sociales (de mayores, de día, cívicos, etc), 53 edificios relacionados con actividades culturales (entre ellos diez museos, y 6 teatros), 67 cementerios y cinco tanatorios, 15 espacios relacionados con la asistencia sanitaria (centros médicos y consultorios) o mejoras en 144 edificios municipales, 20 edificios y salones de usos múltiples, entre otros. Las mejoras en las vías urbanas, tanto de canalizaciones como de alumbrado y acerado público y accesibilidad superan las 1.100 actuaciones.
El objetivo primordial de este programa es generar empleo, por lo que es obligatorio que el 60% del presupuesto de ejecución de la misma se destine a financiar contrataciones, con la salvedad de las relacionadas con daños provocados por el temporal. Además, del presupuesto total destinado a empleo, el 70% debe ser para puestos de nueva creación.
Procesos
El consejero de Gobernación y Justicia se ha mostrado convencido de que los municipios ejecutarán con agilidad las actuaciones de este programa, que a su juicio es una muestra de la colaboración entre las instituciones de todo signo político para crear empleo.
Así, tras la validación, los ayuntamientos tienen un mes para iniciar el proceso de licitación de las obras o servicios, de forma que puedan estar en marcha antes de que finalice el presente año. En el caso de que se trate de un contrato menor, la adjudicación deberá producirse también en un mes, al igual que si la obra o el servicio lo ejecuta directamente el consistorio. En todos los casos, el plazo máximo de ejecución de las actuaciones será de 12 meses, prorrogables por otros tres en aquellos casos en los que se acredite una mayor complejidad de las actuaciones.
Los 181 millones de euros de esta política activa de empleo se reparten entre los ayuntamientos atendiendo a criterios de población, un 20%, y sobre todo de forma directamente proporcional a la media del paro registrado entre los meses de mayo de 2009 a abril de 2010 (un 80% del dinero). En cualquier caso, se garantiza un mínimo de 12.000 euros para cada consistorio. Así, por provincias la distribución es la siguiente: Almería, 14,6 millones de euros; Cádiz, 32,2 millones; Córdoba, 16,4; Granada, 19,3; Huelva, 10,8; Jaén, 11,8; Málaga, 34,8, y Sevilla, 40,8.
