Esta redacción ha venido ofreciendo a nuestros lectores las informaciones que, tanto sobre la participación del comisario José Villarejo en el caso astapa, como sus vinculaciones con el ex alcalde socialista, David Valadez, y el urbanismo de Estepona se han publicado en diferentes medios de comunicación
Así, sobre estas cuestiones, pueden consultarse en nuestra hemeroteca, los siguientes artículos: “La relación de David Valadez y el comisario Villarejo pone en jaque el caso Astapa de Estepona”; “Astapa, el comisario Villarejo y Valadez (2ªparte)”; “El ex–comisario José Manuel Villarejo, relacionado con el caso Astapa, fue detenido y la policía busca pruebas en sus propiedades en Estepona”; “Continúan las revelaciones sobre la conexión entre el ex-comisario José Villarejo, el origen del caso Astapa y David Valadez”; “El comisario José Villarejo, Astapa y Valadez: la red de Villarejo ayudó al dueño de Globalia con un convenio urbanístico en Estepona”; El comisario José Villarejo, Astapa y Valadez: Escribano, el hombre que usó Villarejo para blanquear 20 millones de euros en Estepona.
Pues bien, hoy mismo, el Diario Sur revela que el juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, instructor de la llamada ‘operación Tándem’, ha decretado el embargo provisional de 22 bienes inmuebles en Madrid y Málaga—15 de ellos en Estepona—que están a nombre de José Manuel Villarejo, el comisario jubilado que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre pasado acusado de varios delitos por ofrecer servicios de ‘gestión de crisis’ a particulares usando medios policiales.
El magistrado tomó la decisión después de que la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional presentara un escrito en el juzgado dos semanas después de que estallara la ‘operación Tándem’. En dicho informe se detalla que el grupo policial investigador «ha descubierto importantes inversiones hechas con fondos de procedencia ilícita», entre las que se encontrarían los bienes inmuebles ahora embargados a nombre únicamente de Villarejo (la medida cautelar no afecta de momento a bienes de empresas que pudieran tener relación con el comisario jubilado).
Vínculos con el ‘caso Astapa’
La medida cautelar afecta a un piso de 127 metros cuadrados y dos garajes en Las Rozas (Madrid), a un chalet de 285 metros cuadrados dentro de una parcela de 2.300 en Boadilla del Monte (Madrid) y a los múltiples bienes que dispone en Estepona (Málaga). En concreto, dos pisos de 136 y 118 metros cuadrados, un local comercial de más de mil metros cuadrados y 12 garajes o trasteros.
Todas estas propiedades se ubican en el residencial Mirador de la Cala, una promoción en primera línea de playa, en Estepona. Dicha urbanización fue promovida por dos sociedades, Polo Bay S.L. y Portobelo 1998, participadas entre otros por el Grupo SH Vilamoura, perteneciente al empresario Juan Carlos Escribano, también detenido e investigado en la ‘operación Tándem’.
Según fuentes jurídicas, la licencia de ocupación de este residencial estaría detrás del llamado ‘caso Astapa’, una causa que estalló hace diez años y en la que la Fiscalía acaba de acusar formalmente a medio centenar de personas.
Entre los encausados se encuentra el ex-alcalde socialista Antonio Barrientos (2003-2008), que se negó a conceder la licencia de ocupación del Mirador de la Cala pero que tuvo que dimitir por estos hechos tras su imputación por parte de la juez Isabel Conejo.
El puesto de Barrientos como regidor en Estepona fue ocupado por el también socialista, David Valadez—que junto a la también concejala socialista, Cristina Rodríguez, propiciaron este caso— quien situó al frente del área de Urbanismo a Diego de Lucas Villarubia, empresario procedente de Madrid que aparece como administrador único de Sensible Code, la empresa que edita el diario digital ‘Infosensible’, dirigido por la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá.
Este movimiento político-judicial sirvió en su momento para desbloquear la licencia de ocupación del residencial de Villarejo, según sospecha la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, responsable de investigar la ‘operación Tándem’.
A este respecto, esta redacción ya publicó hace nos meses sobre esa licencia de la primera ocupación en el residencial “El Mirador de la Cala”, que tanto el entonces comisario, José Villarejo, como su socio Juan Carlos Escribano en esa promoción, habían logrado ahorrarse una importante suma económica en detrimento de las arcas públicas—que algunos técnicos cifran en más de millón y medio de euros—al no abonar los excesos de aprovechamientos que le correspondían al Ayuntamiento (1.762,60 m2t en primera línea de playa); y ello a pesar de que los informes de los técnicos municipales así lo exigían. Cuestión a la que no fueron ajenos ni el entonces alcalde, David Valadez, ni el gerente de urbanismo de la localidad en aquellas fechas, el Sr. Diego de Lucas Villarubia, como es obvio.
Ante estas nuevas revelaciones , las defensas del caso astapa han solicitado que se solicite a la Audiencia Nacional—que investiga la “Operación Tándem” y que acabó con el comisario Villarejo en prisión— la remisión al juzgado de Estepona todo lo relacionado con los registros efectuados al comisario y toda la documentación relacionada con nuestra ciudad y con los negocios urbanísticos que en la misma tiene el comisario hoy jubilado, José Villarejo.
