• El ex-alcalde resaltó que la intervención de Villarejo en Astapa fue fundamental, indicando que el comisario controló totalmente el urbanismo del municipio tras la operación.
• Puso también bajo sospecha la actuación de la policía judicial (UDEF), apuntando que la investigación que llevó a cabo fue un despropósito.
El ex-alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, en una rueda de prensa celebrada el lunes en Málaga, arremetió contra la Fiscalía por negarse a investigar la participación del comisario Villarejo en el caso Astapa, cuando de los papeles incautados al citado comisario, de las grabaciones de los audios y de las declaraciones de testigos en la llamada operación Tándem, (en el que el citado comisario es investigado) se deduce claramente que “la intervención de Villarejo en este caso fue fundamental”. Hasta el punto de que muchas de las imputaciones y desimputaciones se producían siguiendo las indicaciones del comisario.
El ex dirigente socialista aportó documentación relativa a su convencimiento de que el caso fue instruido bajo supervisión de Villarejo, a quien acusó de haber actuado en base a intereses urbanísticos y económicos en el Ayuntamiento de Estepona. Además, Barrientos añadió que es claro y evidente que tras desarrollarse la operación policial “el comisario se hizo con el control absoluto del urbanismo en Estepona”, contando para ello con la anuencia del que también fuera alcalde socialista, David Valadez, autor de la denuncia que dio origen a este caso. De Valadez afirmó que fue «un muñeco en manos de Villarejo».
Igualmente, el ex regidor denunció que desde la Fiscalía se está intentando limitar el derecho de defensa de los encausados, evitando que los papeles y audios que pueden demostrar esta supuesta vinculación Villarejo-Astapa sean incorporadas al proceso. Barrientos indicó que “resulta increíble que, por parte de quien tiene la obligación de investigar los hechos para su esclarecimiento y de velar porque se respete la ley se pretenda, de un lado, hurtar al órgano que tendrá que enjuiciar el caso circunstancias que podrían ser determinantes en su génesis y desarrollo; y de otro, privar a los acusados, presuntos inocentes, la posibilidad de proponer la prueba de descargo que pueda ayudar a acreditar que no cometieron ningún delito».
Por otra parte, el otrora munícipe criticó que la Fiscalía se hubiese opuesto sistemáticamente a las pruebas que han solicitado las defensas. A este respecto puso un ejemplo, indicando que el caso Astapa se basó en una supuesta infravaloración de los convenios urbanísticos por parte del Ayuntamiento. Pues bien, sobre este asunto reveló que su defensa propuso un careo entre los peritos de Tinsa, empresa que tasó todos esos acuerdos, y los peritos del juzgado. «Pedimos que hubiera un careo ante el juez entre los peritos de parte y los propuestos por el juzgado sobre los convenios urbanísticos. Pues bien, el fiscal solamente permitió que hubiese un careo sobre uno de ellos, que casualmente iba de la mano de Villarejo”. En el careo se demostró que en ese convenio no solo no hubo ningún perjuicio para el Ayuntamiento, sino un beneficio de cuatro millones de euros para las arcas municipales. ¿Por qué no se permitió el careo de los peritos sobre los demás convenios? ¿Por qué se negó el fiscal? Esto es inadmisible, dijo Barrientos, que se hizo varias preguntas en voz alta. ¿Qué hay detrás de esas decisiones? ¿Quién está dirigiendo todo esto? ¿Está siguiendo el fiscal indicaciones de alguien o son decisiones propias? Porque aquí están pasando cosas muy raras desde el principio, aseverando que parece que no se quiere que se sepa la verdad.
Barrientos también cuestionó la actuación de la policía judicial (UDEF), apuntando que la investigación que llevó a cabo fue un auténtico despropósito. A este respecto afirmó de manera contundente que el informe policial original que ocasionó el inicio de este procedimiento fue «absolutamente falso; no decía una verdad ni por equivocación». Igualmente aludió a un informe policial sobre él y su familia, que era igualmente «total y absolutamente falso», como tuvo que reconocer hasta el propio juez instructor. Del mismo modo, criticó la actuación de la UDEF en el inicio de la operación, cuando muchas personas fueron detenidas «como si fuesen terroristas». Y subrayó que tanto la UDEF como la Fiscalía vulneraron sus derechos como procesado e investigado.
A su juicio, en todo este proceso, la Fiscalía ha hecho dejación de funciones, al limitarse a hacer un seguimiento de lo que decía la UDEF. En este punto, incluso, habló de la existencia de «condescendencia por desconocimiento de la causa» por parte de los jueces de instrucción que han participado en este caso, señalando que de facto fue la policía judicial (UDEF) la que realmente ha llevado la instrucción de este procedimiento, algo realmente insólito.
Durante la rueda de prensa, Barrientos compartió con los periodistas varias escuchas del comisario Villarejo; recordó que hace más de 14 años que se inició la investigación; afirmó que como alcalde siempre luchó para defender los intereses del pueblo de Estepona, que pudo meter la pata, pero nunca la mano, y que cuando tuvo información de posibles irregularidades lo puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción; y terminó indicando que quiere que se sepa la verdad cuanto antes, «porque esto es una verdadera aberración y un disparate».
