El portavoz del Equipo de Gobierno, Félix Romero, ha anunciado hoy que el Ayuntamiento va a realizar una auditoría en materia de personal “para conocer la situación real de la plantilla”. “Vamos a estudiarla de una manera exhaustiva”, ha indicado el edil, quien ha subrayado que “poner orden es esencial para que el Ayuntamiento funcione y dé servicio a los ciudadanos, que en definitiva es la razón de ser”.
Ha explicado que esta medida se adopta tras haberse detectado incumplimientos del acuerdo de Junta de Gobierno Local de abril de 2016 para la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que establecía la inhabilitación especial del exjefe de la Policía Local, Rafael del Pozo.
“Se acordó por unanimidad, en base a un informe de los servicios jurídicos, proceder a la declaración de la extinción de su condición de funcionario, así como a la separación del servicio y la necesidad de darle de baja de la plantilla”, ha indicado, al igual que la anulación del permiso de armas y su comunicación a la Guardia Civil y ordenar la devolución de todas las cantidades que había cobrado como consecuencia de la suspensión cautelar de empleo y sueldo que arrastraba desde 2006.
Romero ha señalado que, si bien se le dejó de abonar el sueldo, “hemos tenido conocimiento de que ni se le habría pedido el arma, ni se le habría retirado el permiso, ni se habría iniciado el expediente para reclamar todas esas cantidades cobradas durante diez años”. “No entendemos como una sentencia del Supremo puede quedar incumplida”, ha remarcado el concejal, quien ha indicado que se está elaborando un informe para conocer “por qué desde el área de Personal no se ha ejecutado en su totalidad”.
Para el concejal, “esta es un prueba más del poco control y de la defectuosa y deficiente gestión que ha tenido personal bajo el Gobierno del PSOE”, a lo que ha sumado otras 21 sentencias en materia de personal, todas perdidas por el Ayuntamiento, de las que se ha dado cuenta hoy en Junta de Gobierno Local y que obedecen, entre otras, a peticiones de complemento que no se otorgaban o a cantidades adeudadas que no se pagaban.
“Desde el Ayuntamiento se iniciará una auditoria para ver cuántas situaciones de este tipo se han podido dar, cuáles son los motivos que justifican que se hayan dado esas situaciones y resolver así las que estén pendiente de solventarse”, ha abundado.
