Reducción de la exclusión social de las personas con discapacidad, mejora en la gestión de las personas de las empresas y disminución del gasto de las administraciones públicas son algunas de las consecuencias de las políticas de integración laboral que llevan a cabo las empresas.
Así se desprende del estudio de innovación social ‘Impacto de la inserción laboral de personas con discapacidad en el marco del Programa Inserta’ desarrollado porFundación ONCE y elaborado por PwC con el apoyo del Fondo Social Europeo (FSE).
Según este informe, las administraciones públicas tienen un ahorro de 13.237 euros por cada persona con discapacidad empleada en una empresa ordinaria. Esta cifra es equivalente a 3,8 veces el gasto medio por persona beneficiaria de las ayudas concedidas en España a la integración laboral de personas con discapacidad en 2017.
