La moderada reactivación económica iniciada tras la finalización del estado de alarma, con la llegada del verano, no está siendo suficiente para compensar las pérdidas sufridas por determinados sectores –turismo, ocio, cultura o comercio, entre otros– durante el confinamiento.
La recuperación esperada a partir del tercer trimestre se está viendo amenazada por los rebrotes de la pandemia, que están surgiendo en todo el país, y que podrían acelerarse en septiembre con el comienzo del curso escolar y con la falta de medidas homogéneas en las distintas Comunidades Autónomas, que generan incertidumbre.
Así, el Banco de España, en el documento “Medidas de contención, evolución del empleo y propagación del Covid-19 en los municipios españoles”, presentado el pasado 25 de agosto, indica en las consideraciones finales que sería recomendable aumentar de forma drástica la capacidad de detección y rastreo, que facilitaría la contención inmediata de eventuales focos locales, aliviando la presión sobre el sistema sanitario y evitando los costes económicos asociados a las medidas de confinamiento. El cese de las actividades no esenciales durante los primeros días de abril habría mitigado la propagación de la pandemia en el corto plazo pero el impacto económico, en términos de destrucción de empleo, habría sido también significativo.
De hecho, muchas de estas actividades no esenciales relacionadas con la hostelería, comercio o centros de ocio no han abierto sus puertas ante la escasez de demanda. Las aerolíneas, por su parte, no pueden mantener su estructura, y, por tanto, están llevando a cabo despidos y se está barajando la posibilidad de recibir ayudas e incluso su nacionalización. Los ERTE están llegando a su fin y muchas empresas no podrán reiniciar su actividad, por lo que se espera un incremento de la tasa de paro. También hay que tener en cuenta que aproximadamente el 95% del tejido productivo español está compuesto por pymes, en las que el factor laboral tiene un gran peso, y, por tanto, es más sensible para aligerar costes.
A pesar de las ayudas aprobadas hasta la fecha por el gobierno para paliar el impacto económico de la crisis del Covid-19 en las empresas, sería recomendable prorrogar algunas más allá de fin de año, como por ejemplo los ERTE. Alemania, sin ir más lejos, ha prorrogado los ERTE hasta final del año 2021.
En base a todo lo anterior, mantenemos nuestras previsiones del mes anterior, con contracción del PIB en 2020 del 11,2% y una tasa de paro entre el 20/22%, considerando que los ERTE se prorroguen hasta final de año. Así mismo, mantenemos nuestra previsión del déficit en la horquilla 12-15%, y de la deuda pública en torno al 120-125%.
A esta situación se añade que los presupuestos actuales son los aprobados en 2018, con una realidad económica radicalmente distinta (deuda 98,4%, y déficit 2,5%) frente a la situación actual, con la deuda en el 116% y el déficit en el 11,7%, y que, según nuestras previsiones, a final de año se situarán en torno al 122% y al 12-15%, respectivamente. La importante reducción de ingresos (se estima que la recaudación del IVA ha descendido el 50% en el segundo trimestre) y un aumento considerable del gasto, fundamentalmente para sufragar el gasto sanitario producido por la pandemia, así como el generado por las medidas adoptadas para paliar los efectos económicos en determinados colectivos, hace que sea indispensable y urgente la aprobación de unos nuevos presupuestos adaptados a esta situación que, como ya dijimos el pasado mes, sería deseable que fueran consensuados por la mayoría de los partidos políticos.
Así mismo, abogamos por que los presupuestos incorporen el destino de las ayudas europeas. Hay que tener en cuenta que las ayudas europeas aprobadas deberán estar asignadas a proyectos concretos, por lo que es fundamental contar con la colaboración del sector privado en la presentación de proyectos viables para la reactivación de la economía del país, así como establecer medidas para favorecer los sectores de I+D+I que potencien la productividad y la formación, sobre todo en nuevas tecnologías.
En este sentido, sería un buen momento para abordar la redimensión de la estructura funcionarial del Estado para adaptarla a los nuevos retos de la digitalización y de medio ambiente de acuerdo con las políticas de la Unión Europea sobre Green Deal.
El apoyo al sector privado es fundamental y sobre todo de aquellas actividades con más productividad y con más futuro, evitando mantener artificialmente aquellas actividades obsoletas o improductivas, estableciendo, al menos a corto plazo y mientras se estabiliza la situación, incentivos a la contratación laboral –con flexibilidad con respecto a la misma– e incentivos fiscales a las empresas.
Además, habría que establecer medidas para incentivar la inversión, ya sea foránea o nacional, actualmente casi nula. En España, la tasa de ahorro está en el 12 % y se espera que finalice el año en el 20%, lo que indica la aversión al riesgo en las inversiones así como el retraimiento del consumo ante la incertidumbre existente.
