- El Fiscal rebaja de manera considerable la petición de penas a todos los procesados.
- La larga sombra de Villarejo ha planeado sobre este caso durante todo el juicio.
- La Sentencia del Tribunal se espera para finales de año.
17 años después de su inicio el denominado caso Astapa se ha diluido por el camino como lo hace un azucarillo en un café. Así, mientras llega la sentencia, esta causa se ha desinflado y nada tiene que ver con lo que en un principio se creyó. Prueba de ello, es que el Ministerio Fiscal—en el escrito de acusación definitivo que ha presentado ante el Tribunal de la Audiencia de Málaga que juzga esta causa—ha solicitado para el ex -alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, el principal procesado en el caso, dos años de prisión (cinco veces menos de lo que le pedía inicialmente) y multa de 40.000 Euros (inicialmente pedía una multa de un millón de euros y 28 millones en concepto de responsabilidad civil) por haber cometido supuestamente varios delitos. Pero es que además, tras la petición del Fiscal, el Tribunal tiene que oír la versión de las defensas y después emitir la Sentencia.
Esta causa se inició en el año 2006, tras una denuncia presentada en la sede de la UDEF en Madrid, por los concejales David Valadez y Cristina Rodríguez. La misma se sustentaba fundamentalmente en una supuesta infravaloración de los convenios urbanísticos que se estaban llevando a cabo en Estepona; para ello los denunciantes se basaron en un informe que había realizado la empresa Codelsa. Sin embargo, durante el juicio, se ha podido constatar que ese informe nunca existió.—era imposible su existencia, pues esa empresa no se dedica a realizar valoraciones —. Lo que se aportó, dice el Tribunal “eran unos papeles sin autor conocido, sin firma, sin fecha, ni sello, que no tenían soporte documental, ni contenían razonamiento alguno para llegar a la conclusión de que el ayuntamiento de Estepona estaba infravalorando sus convenios”. También se ha podido saber que esos papeles, fueron introducidos de manera ilícita en la causa y posteriormente fueron manipulados por la policía, lo que podría conllevar la nulidad de toda la causa. Además, los magistrados admiten que no saben cuándo, ni quién, incorporó esos papeles al procedimiento y señalan que contienen errores groseros. Hasta el punto de que en algún caso incluso, algunos de los convenios denunciados ni siquiera habían sido aprobados, o eran simples borradores.
Pues bien, tras una larguísima instrucción, que se mantuvo en secreto casi diez años y con más de 100 personas investigadas, el juicio comenzó en enero del 2023, con cerca de 50 procesados, 17 años después de la denuncia y 20 años después de que ocurrieran los hechos. Durante la celebración del juicio, que lleva ya año y medio, han pasado cientos de testigos, entre técnicos, peritos, juristas, funcionarios, empresarios, etc. En el mismo se han analizado hechos ocurridos hace veinte años, se anularon las escuchas telefónicas por ser ilegales y se han caído la mayoría de las acusaciones que mantenía la Fiscalía. Así, solo por poner un ejemplo, el Ministerio Fiscal ha reconocido que no se ha probado que en la negociación de los convenios urbanísticos que los responsables municipales antepusieran el interés de las promotoras al del municipio, ni tampoco que fueran ilícitas las aportaciones económicas que las promotoras realizaron para eventos deportivos, culturales o sociales que eran promovidos desde el ayuntamiento, ni que Barrientos o el resto de los investigados recibieran regalos personales por su aprobación.
Villarejo y astapa
La figura del comisario Villarejo ha sobrevolado este caso desde hace mucho tiempo, debido a las innumerables informaciones que se han publicado en todos los medios de comunicación sobre el papel que desempeñó en la operación Astapa; sus vinculaciones con el ex alcalde socialista del municipio, David Valadez, y sus intereses en el urbanismo de nuestra localidad, donde se encuentra la mayor parte de su enorme patrimonio.
Así, durante la celebración del juicio se ha podido conocer que Olivera (jefe de la UDEF), Villarejo y la UDEF iniciaron la investigación del caso Astapa de Estepona de manera ilegal. Así, el propio Valadez reconoció durante en el juicio que el comisario Olivera lo puso en contacto con el policía nº de placa 78.777, de nombre Miguel Ángel Cuevas, y que con el mismo había intercambiado “cientos” de emails, entre marzo y noviembre de 2006, es decir, antes de poner la denuncia, cuando ello es absolutamente ilegal. También, durante el juicio, el comisario Villarejo declaró como testigo, revelando que recomendó a Diego de Lucas para la Gerencia de urbanismo de Estepona, que el caso estalló por razones políticas y que mantuvo varias reuniones con David Valadez.
Además, el comisario corroboró su participación en este caso, indicando que realizó trabajos de inteligencia durante meses y que actuó siempre como “agente encubierto”. Igualmente confesó que esos trabajos consistían en introducirse en los ambientes, captar información y realizar notas de inteligencia que transmitía a sus superiores, entre los que figuraba José Luis Olivera, que era jefe de la UDEF. También reveló que mantuvo reuniones con el equipo de la UDEF que llevaba la investigación del caso. Del mismo modo dijo que las sociedades y empresas de las que era titular le servían de cobertura para realizar sus trabajos. Reconoció haberse reunido con numerosos investigados en Estepona y Madrid, cuando la investigación estaba bajo secreto, algo absolutamente irregular. Sin embargo, Villarejo no figura oficialmente como investigador en este caso, ya que no consta en ninguno de los oficios e informes policiales que se emitieron y que se enviaron al juzgado. Tampoco sus notas informativas figuran en el procedimiento. Por tanto, esa investigación irregular se llevó a cabo sin conocimiento judicial.
También, la participación irregular de Villarejo en astapa ha quedado acreditada en el juicio por varios testigos, entre otros muchos, por la periodista de investigación, Patricia López, por los audios que se pudieron oír en Sala y por las agendas del comisario. Algunas defensas consultadas por esta redacción han manifestado que Villarejo condicionó toda la investigación y la llenó de ilegalidades e irregularidades muy graves, viciándola desde el principio, lo que debería de llevar a la nulidad de todo el procedimiento.
Conclusiones
En sus conclusiones definitivas, el fiscal sostiene parte de su relato inicial pero reconoce que en este procedimiento se han producido unas dilaciones indebidas extraordinarias, por lo que pide que se aplique esta circunstancia que rebaja la pena en dos grados. En esta causa, además de Barrientos, están procesados otros ex -responsables municipales entonces miembros del PSOE y del Partido de Estepona (PES); así como empresarios y funcionarios. En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía solicita también la absolución de nueve personas a las que retira la acusación; rebaja de manera considerable las penas para el resto de los procesados, con lo que ninguno de ellos entrará en prisión; y pide multas muy altas para personas vinculadas al PES. La Fiscalía, que se ha quedado sola en la acusación penal, retira toda petición de indemnización a los procesados ya que durante el juicio se ha demostrado que no hubo ningún daño económico al Ayuntamiento de Estepona y tampoco hay otros perjudicados en esta causa.
Tras el escrito de la Fiscalía, ahora serán las defensas las que presentarán sus conclusiones definitivas y el juicio quedará visto para sentencia. Sentencia que podría ver la luz para finales de año. Pero en cualquier caso, nadie podrá obviar que esta causa ha batido el récord de lentitud en la historia judicial española y supone, de facto, la quiebra de nuestro estado de derecho, ya que como afirma el Tribunal Constitucional, la lentitud judicial no tiene cabida en nuestra Constitución, por lo que se debe otorgar amparo a los ciudadanos que sufran los enormes perjuicios de esta lacra.
