ESTEPONA. Hace unos días publicábamos las informaciones del Diario Publico relativas a las relaciones entre Valadez y el comisario José Manuel Villarejo, que ponen en jaque el caso Astapa de Estepona.
Ahora en esta segunda parte continuamos ofreciendo a nuestros lectores las importantes revelaciones de ese periódico sobre ese asunto. Así, en su edición del pasado 27 de marzo, el diario Público indicaba que los ‘casos’ Pujol y Astapa, también aparecen vinculados por el despacho de Villarejo y un agente de la UDEF. Así, según ese diario, el modus operandi utilizado en ambos casos fue el mismo, ya que los testigos captados por el Comisario Villarejo en esos dos procedimientos terminaron yendo a la sede de la UDEF en Madrid y tuvieron como receptor al mismo policía, el agente 78.777 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). A este agente acudieron, en el caso Pujol, Victoria Álvarez, ex-pareja de Jordi Pujol Ferrusola, y Javier de la Rosa, acompañados por el socio del comisario Villarejo, Rafael Redondo. Y en el caso Astapa, acudieron a este agente David Valadez, junto con otra concejala del PSOE de Estepona, Cristina Rodríguez.
En lo que se refiere al caso de Estepona, el agente 78.777 realizó los diez primeros informes que dieron lugar a la operación Astapa. Este agente, aunque comete graves errores en sus informes —como denunció el letrado del ex alcalde de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos, y se le reconoció mediante un auto— nunca fue sancionado por quien era su jefe, el comisario José Luis Olivera, otro de los miembros de la brigada política durante las investigaciones que se entrecruzan: Astapa, Pujol y el ático de Ignacio González.
Sobre este asunto, revela el Diario Público que el prestigioso abogado Horacio Oliva denunció que en los informes policiales realizados por el agente 78.777, le habían atribuido a su cliente —Antonio Barrientos—cuentas, hipotecas o fondos de inversión o pensiones en el Banco Popular, Sabadell, Caixa d’Estalvis, Interdit Bolsa de Sociedad de Valores, Europopular, Banco de Andalucía, Banco Español de Crédito y Caja Madrid de forma falsa, pues nunca había operado con dichas entidades. También se le atribuyó el cobro de más de 65.000 euros del Servicio de Salud Andaluz, la participación en empresas municipales como si pertenecieran a su patrimonio personal o la sospechosa circunstancia de que la madre del entonces alcalde no tenía «actividad laboral»… cuando ésta contaba ya 80 años. Horacio Oliva fue tajante en su escrito, «lo contenido en el referido Informe resulta en su mayor parte total y absolutamente falso, resultando inexplicable a esta parte cómo es posible que una Unidad Policial, supuestamente especializada además en la investigación de blanqueo de capitales, pueda faltar a la verdad de forma tan flagrante». Y añadía, «es especialmente grave, por cuanto la misma ha servido de base para la práctica de las detenciones ordenadas en su día por la primera instructora judicial, Isabel Conejo”. Sin embargo, esta jueza, que trabajó codo con codo desde 2006 con el agente 78.777, no detectó al parecer ninguno de los tremendos errores cometidos por ese policía. Más tarde, tuvo que ser otro juez, Jesús Torres, quien a través de un Auto Judicial reconociese los mismos. Sin embargo, no relevó a los agentes de la investigación por «la complejidad de la causa», que casi una década después aún no ha terminado su instrucción.
Además, en una de esas escuchas que constan en el sumario de Astapa, un concejal comenta con extrañeza la donación del constructor local y también presidente del Club de Fútbol de Estepona, Eugenio Muñoz Lanzas. La donación, junto con la interpretación que del destino de la misma que realiza la UDEF, fue considerada otro indicio de actuaciones presuntamente irregulares del equipo del alcalde Barrientos. Sin embargo, Múñoz Lanzas es cliente de los “servicios de gestión de crisis” que ofertan empresas del grupo familiar del comisario Villarejo durante todo este tiempo de instrucción del caso Astapa. En concreto, el empresario celebró una reunión en Stuart & Mckenzie —despacho de abogados del Comisario en Torre Picasso, que aparecía en las agendas del pequeño Nicolás— con el socio de Villarejo, Rafael Redondo, y el abogado, administrador y empleado del comisario, David Macías.
Para más casualidades, Macías representa a la Asociación Transparencia y Justicia como acusación popular contra González en el caso del ático. Esta asociación estaba también personada en el procedimiento del pequeño Nicolás, aunque ahora Fiscalía, Abogacía del Estado y el resto de acusaciones han solicitado que se les expulse de la causa por estar protegiendo encubiertamente los intereses del comisario y no actuando como acusación. Algo que el juez ha considerado probado, expulsando a Transparencia y Justicia.
Por otra parte, según continua refiriendo Público, la primera juez instructora, Isabel Conejo, la que dictó las detenciones en el caso Astapa, es una vieja conocida del comisario José Villarejo, así como de sus socios y empleados. Isabel Conejo cambió de juzgado de instrucción dentro de la misma localidad, del nº 1 donde estaba la Operación Astapa, al nº 5, donde recayó la denuncia sobre el ático del ex-presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que aún investiga esa misma jueza. En este caso llama la atención de ese diario que la denuncia sobre este caso fuese presentada por el ex -portavoz de un sindicato de Policía en Estepona, cuando el presunto delito original se cometería en Madrid, concretamente en Arganda del Rey, así que la denuncia debía haber sido puesta en esa comunidad ya que no tiene mucho sentido ir hasta Málaga a denunciar al presidente de la Comunidad de Madrid.
El diario terminaba su información comunicando a sus lectores que continuará…
Fotografía: La opinión de Málaga
