El Consejo de Gobierno ha autorizado la realización de operaciones de endeudamiento, por un importe máximo de 1.645,67 millones de euros, para financiar el segundo y último tramo de la tercera fase del plan pago a proveedores que se desarrolló en 2013. En virtud de este mecanismo extraordinario de financiación acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en marzo de 2012, el Ministerio de Hacienda, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), abona las facturas pendientes con cargo a la Comunidad Autónoma, que es la que se endeuda para hacer frente a los pagos.
De acuerdo con las previsiones iniciales, las operaciones autorizadas permitirán liquidar 460.792 facturas. El pago se ejecuta una vez llevada a cabo, durante los pasados meses de octubre y noviembre, toda la tramitación necesaria relativa a la relación de facturas, la comprobación por las empresas acreedoras y su aceptación voluntaria a recibir lo adeudado.
En este segundo tramo se incluyen las obligaciones de pago derivadas de contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministros, servicios y colaboración entre el sector público y el privado; contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles; subvenciones en contratación pública; indemnizaciones; encomiendas de gestión, y concesiones administrativas.
Se trata de facturas propuestas al pago por las consejerías, agencias administrativas y de régimen especial y el resto del sector público. La mayoría, más de 443.000, proceden del sector sanitario: alrededor de 431.000 corresponden al Servicio Andaluz de Salud y unas 12.800 a empresas públicas del sector hospitalario.
La tercera fase del pago a proveedores, desarrollada en dos tramos a lo largo del pasado año, ha permitido cancelar obligaciones vencidas, líquidas y exigibles con anterioridad a 31 de mayo de 2013. En el primer tramo se incluyeron más de 70.000 facturas derivadas de conciertos sanitarios, educativos y de servicios sociales, así como de convenios de colaboración, subvenciones para investigación, desarrollo e innovación y transferencias con fines sociales y a las entidades locales y universidades. Para ello, el pasado noviembre, el Consejo de Gobierno autorizó un endeudamiento por importe máximo de 632 millones de euros. Los requisitos de las facturas que se incluyen en cada una de las fases lo estipula el propio Ministerio de Hacienda en la norma dictada para su desarrollo.
Las operaciones de endeudamiento aprobadas consisten en préstamos bancarios gestionados por el ICO. En las dos primeras fases del mecanismo de financiación se concertaron préstamos a tipo de interés variable, que oscilaron entre el 4,17% y el 5,91%. En el primer tramo el tipo fue del 3,34% y en esta ocasión está aún por concretar.
Contando con las tres fases que lo conforman, y a la espera de los datos definitivos, Andalucía participará en el mecanismo extraordinario de pago a proveedores con un volumen total máximo cercano a los 5.000 millones de euros (4.972,6 millones), lo que la sitúa como la tercera comunidad autónoma perceptora de estos fondos en valores absolutos pese a ser la de mayor población y presupuesto de España, por detrás de Valencia y Cataluña. En términos relativos, el volumen total de la financiación que recibe Andalucía es del 9,87% del presupuesto autonómico de gasto por operaciones no financieras en media anual (excluidos los fondos FAGA y PIE), frente al 13% del conjunto de las comunidades adheridas.
Conforme a las cantidades asignadas en las tres fases, la Junta tendrá que devolver los préstamos recibidos con unos intereses que se calculan provisionalmente en unos 1.425 millones de euros.
