El 40% de la población migrante en asentamientos informales de Huelva y Almería sobrevive con ingresos mensuales inferiores a 400 euros, según revela el VI Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía presentado este lunes en Sevilla. La irregularidad de los ingresos y las dificultades para acceder a servicios públicos impiden que los migrantes de las zonas dedicadas a la agricultura intensiva mejoren su situación habitacional.
El documento ‘Migraciones y desigualdades en Andalucía’, coordinado por Francisco José Torres de la Universidad Pablo de Olavide, analiza la realidad de una comunidad donde la población nacida en el extranjero representa el 11% del total. El informe se presentó en el Palacio de los Marqueses de la Algaba con la participación del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.
La distribución geográfica de los migrantes muestra patrones diferenciados según su procedencia. La población de Centro y Sudamérica se establece preferentemente en localidades de mayor tamaño y dinamismo económico, donde encuentra mayor diversidad de oportunidades laborales. Por el contrario, la población africana se concentra principalmente en áreas litorales de agricultura intensiva, aunque también se asienta en municipios del interior en menor proporción.
Esta segregación territorial genera condiciones de vida marcadamente distintas. En las ciudades, los migrantes se ubican mayoritariamente en barrios periféricos con viviendas antiguas de baja calidad y alquileres asequibles. Los propietarios muestran mayor disposición a alquilar a población extranjera en estas zonas, donde además existen redes de apoyo comunitario establecidas.
Las condiciones más severas se concentran en el litoral agrícola, donde los asentamientos informales constituyen una realidad estructural. En Almería, una de cada cuatro personas lleva diez años o más en esta situación, mientras que en Huelva la proporción es de una de cada diez personas. Estos asentamientos albergan mayoritariamente población masculina joven, menor de 45 años, procedente de África.
Las mujeres representan dos de cada diez personas en Almería y una de cada diez en Huelva, enfrentando mayor invisibilización en la exclusión residencial. Ocupan lugares donde pueden conseguir un mínimo de seguridad ante la incidencia de las violencias de género.
Más del 60% de los residentes en asentamientos se encuentra en situación irregular, sin permisos de residencia ni trabajo, pese a contar con documentación básica como pasaportes. La fluctuación en la demanda de mano de obra genera irregularidad en los ingresos. Dos de cada diez personas no recuerda o desconoce sus ganancias del mes anterior.
Las dificultades para el empadronamiento, pese a ser una obligación legal municipal, limitan el acceso a servicios públicos y derechos básicos de ciudadanía. Esta situación perpetúa la vulnerabilidad social e impide procesos de integración efectivos.
Los asentamientos carecen de infraestructuras básicas y se sitúan en lugares inhóspitos y aislados, sin medios de transporte, comercios ni servicios públicos. No disponen de contenedores de basura, suministro de agua ni redes de saneamiento. El desmantelamiento de algunos asentamientos sin alternativas habitacionales únicamente supone un desplazamiento de los mismos.
El informe identifica también zonas urbanas donde se produce cierta mixtura entre poblaciones extranjeras, incluyendo habitantes procedentes del Norte global, como las áreas céntricas en transición o los espacios litorales turísticos. Los expertos remarcan la importancia de favorecer la cohesión desde las políticas públicas, ya que la jerarquía sociolaboral no favorece una interacción entre iguales.
Los autores consideran imprescindible evitar que los procesos de gentrificación y los excesos del turismo expulsen a las poblaciones con menos recursos de los centros históricos, fenómeno que ya ocurre en Sevilla, Granada y Málaga.
El estudio se elaboró utilizando datos del Instituto Nacional de Estadística, resultados de la Estadística del Padrón continuo y encuestas realizadas por la Fundación CEPAIM. El Observatorio de Desigualdad de Andalucía agrupa más de veinte entidades coordinadas por Intermón Oxfam, incluyendo las universidades de Granada, Sevilla, Pablo de Olavide y Loyola Andalucía.
