El recurso interpuesto por este trabajador ante las medidas cautelares de suspensión de empleo y sueldo, se ha resuelto a favor del Ayuntamiento, argumentando que no existió en ningún momento acoso laboral.
Es la tercera sentencia judicial que gana el Ayuntamiento de Casares ante las acusaciones del ex arquitecto y la que fuera secretaria municipal: el juzgado de Estepona daba la razón al personal político y técnico del Ayuntamiento ante la denuncia por obstrucción a la justicia interpuesta por la secretaria municipal, y en la que también se acusaba de acoso laboral a la pareja. El recurso interpuesto por el (ex) arquitecto ante las medidas cautelares de suspensión de empleo y sueldo también se resolvió a favor del Ayuntamiento. Y ahora ha sido desestimada la demanda del arquitecto que denunciaba daños morales y mobbing.
El equipo de gobierno lamenta el acoso judicial al que están viéndose sometidos por este matrimonio formado por el (ex) arquitecto municipal y la que fuera secretaria del Ayuntamiento.
Esta sentencia confirma la sensación del equipo de gobierno de que estos dos empleados públicos han llevado a cabo una obstaculización de la gestión municipal con su actitud, ya que al no realizar informes y poner constantes trabas, no era posible sacar adelante muchos de los proyectos necesarios para el pueblo.
El Ayuntamiento de Casares explica que la (ex) secretaria municipal tiene abierto un expediente disciplinario por el Ministerio de Hacienda por haber cometido una falta muy grave dentro de su ejercicio como fedataria pública del Estado. De igual manera que el arquitecto fue suspendido de empleo y sueldo por otra falta muy grave dentro de sus funciones; teniéndose que abrir un expediente llevado por el Colegio de Graduados Sociales de Málaga, en cuyo proceso el instructor concluye argumentando que el trabajador debería ser despedido por la gravedad de la falta cometida.
Tras la situación vivida por el Ayuntamiento en los últimos años, el equipo de gobierno afirma que viene sufriendo un reiterado acosojudicial, con la consiguiente judicialización de la vida política; además de una clara intención de obstaculizar la gestión pública. A lo que hay que añadir las últimas amenazas del matrimonio vertidas a través de diferentes medios de comunicación sobre nuevas acciones judiciales contra el consistorio.
El equipo de gobierno denuncia también la actitud de los dos grupos de la oposición, alineados claramente con esta pareja en contra de los intereses del pueblo de Casares con la única intención de obtener rédito político; sacando constantes notas de prensa, revistas y publicaciones varias en este sentido, cuando los tribunales han dado la razón de manera reiterada al equipo de gobierno.
Se trata de la última sentencia dictada a favor del Ayuntamiento, y que desestima íntegramente la demanda del arquitecto, absolviendoal consistorio de las pretensiones del trabajador público, al no quedar probado en ningún momento un acto de acoso. El juzgado desestima además la indemnización que el arquitecto solicitaba al Ayuntamiento de 200.000€. Del fallo además se desprende que el trabajador municipal “jamás ha tenido bloqueado el acceso informático a los expedientes a él mismo asignados o bajo su supervisión”; igualmente y tras pruebas testificales puede leerse en la sentencia que “lejos de considerar que el actor era un empleado público acosado, se apuntaba a su especial protección y trato de favor en materia de jornada”.
